Impuesto del Gobierno Petro genera dudas por la forma en la que manejarán el dinero: “Puede abrir la puerta a la corrupción”

El Gobierno de Gustavo Petro estableció un impuesto al patrimonio que afecta a las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a $10.000 millones.

El nuevo gravamen establece una tasa de 0,5% para la mayoría de las empresas y una tasa diferenciada de 1,6% para las que pertenecen al sector financiero y al minero. Además, tiene como objetivo principal recaudar hasta $8 billones destinados a atender las consecuencias de la ola invernal, con especial atención a la emergencia económica causada por las inundaciones de las últimas semanas.

Sin embargo, la dimensión de los recursos involucrados y los mecanismos de gasto propuestos generaron inquietud sobre posibles riesgos de corrupción en el uso y la supervisión de los fondos públicos, así como dudas respecto al impacto en la inversión privada, según advierten expertos.

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La diferencia de tasas genera una presión tributaria más elevada en comparación con otros sectores, según confirmó el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea), Giovani Hernández. Anotó que habrá menos interés en invertir precisamente en Colombia, dado que las ganancias que van a tener los empresarios van a ser tasadas.

“En el largo plazo, puede pasar cualquier cosa, puede ser que más adelante se presenten otras condiciones macroeconómicas que puedan reactivar esa inversión, pero es muy complicado de pronosticar”, dijo.

Otro académico de Eicea, William Rodríguez, evaluó que “este impacto para la economía es difícil de medir”. Explicó que las nuevas reglas del juego suponen “riesgos, algo de volatilidad, de malestar, por lo menos, entre esas grandes empresas”. Añadió que “puede haber, de pronto, algo de contracción en las utilidades de esas empresas para este año por una mayor carga impositiva”.

Repercusiones para las empresas y la inversión

La decisión del Ejecutivo implica “menos interés en invertir precisamente en Colombia”, según resaltó Hernández. Agregó que la incertidumbre ante el nuevo impuesto es amplia y que “en el largo plazo, puede pasar cualquier cosa, puede ser que más adelante se presenten otras condiciones macroeconómicas que puedan reactivar esa inversión, pero es muy complicado de pronosticar”.

De igual manera, Rodríguez señaló que el efecto en la competitividad empresarial y la inversión privada “es difícil de medir”, por lo que mencionó la aparición de riesgos, volatilidad y malestar entre las compañías afectadas. Además, apuntó que la carga impositiva puede provocar una contracción en las utilidades de esas empresas para este año. No obstante, precisó que no resulta sencillo calcular los impactos, ya que “el Gobierno va a tener que hacer ese gasto público y termina favoreciendo el producto interno bruto, o sea que, en parte, se compensan las cargas”.

Monto de la recaudación y destino de los recursos

El monto proyectado de recaudación asciende a $8 billones, una cifra que, según expertos, está cerca del presupuesto estimado para una ciudad relevante como Barranquilla, calculado en $7,7 billones para 2026.

Rodríguez destacó que “lo que estamos buscando es cómo ayudar a las víctimas de todas esas inundaciones y eso va a implicar reubicación de muchos de ellos, gente que perdió todo”. Insistió en que, si bien el dinero recaudado representa una suma considerable, “seguramente esa plata no va a alcanzar para todo lo que uno quisiera compensar pero sí debería cubrir los aspectos estructurales y más importantes”.

De acuerdo con lo previsto en el decreto, los fondos se orientarán a la recuperación de infraestructura y a la atención de las zonas más afectadas. Rodríguez señaló que canalizar los recursos hacia estos sectores fundamentales es clave para que la recaudación tenga un impacto social efectivo y ayude en realidad a las personas damnificadas por la emergencia.

Riesgos de corrupción y mecanismos de control

El manejo de montos cuantiosos por medio de la contratación directa encendió alertas sobre la suficiencia de los controles institucionales. Rodríguez afirmó que los decretos incluyen mecanismos que permiten cambios y adiciones contractuales “sin los mecanismos tradicionales que son de vigilancia y de control”.

Añadió: “Si uno parte de la buena fe, uno esperaría que los recursos se utilicen muy bien, pero estamos hablando de contratación directa y de posibilidad de nuevos recursos en contratos, por ejemplo, los del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y demás, sin supervisión y en época electoral”.

Por su parte, Hernández advirtió sobre la fragilidad institucional frente a posibles irregularidades. “Aquí nosotros tenemos muchas superintendencias, tenemos contralorías, pero históricamente se ha visto que no funcionan porque los niveles de corrupción son altísimos y además porque la forma en que hacen corrupción es bastante innovadora”.

Según el profesor, la falta de tecnología adecuada en los órganos de control dificulta la detección de fraudes y señala que el control social puede verse limitado por la falta de disposición de la ciudadanía. “Si hacemos control social, la pregunta es quién de está dispuesto a donar su tiempo o a dejar de trabajar para hacer ese control”, cuestionó.

Las apreciaciones confirman la preocupación por la capacidad real del Estado y la sociedad para garantizar la transparencia y la adecuada utilización de los recursos obtenidos por el impuesto al patrimonio.

Legalidad del decreto y vías de impugnación

El decreto de Emergencia Económica firmado por el presidente Gustavo Petro entra en vigor de manera inmediata y está excluido de la revisión del Consejo de Estado. La competencia exclusiva recae en la Corte Constitucional, que debe analizar si la medida es acorde con la Constitución colombiana. Durante este proceso, el decreto sigue produciendo efectos y solo se suspenderá si la Corte identifica vicios de inconstitucionalidad.

De acuerdo con los expertos, no existe un recurso administrativo tradicional para impugnar la medida. Así las cosas, las empresas y ciudadanos interesados pueden intervenir solo al presentar un escrito por medio de la figura conocida como amicus curiae ante la Corte Constitucional, que únicamente examina la legalidad del decreto, sin otorgar indemnizaciones ni reparaciones económicas a los afectados.

A pesar de la importancia y el volumen de los recursos movilizados, la consolidación de controles efectivos y de capacidades tecnológicas sigue siendo un reto pendiente para anticipar y mitigar los riesgos de fraude en la gestión pública.