El nuevo impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno en medio de la emergencia económica no solo busca recaudar recursos inmediatos, sino que también podría tener consecuencias importantes en las finanzas públicas del país a mediano plazo, especialmente por su impacto en el sector energético y de hidrocarburos.
La medida, adoptada mediante el Decreto 0173 de 2026, establece una tarifa diferencial del 1,6% para empresas del sector financiero y extractivo, incluidas las dedicadas a la explotación de petróleo, carbón y otros recursos naturales.
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El objetivo es recaudar recursos para atender la emergencia climática, pero expertos advierten que esta decisión podría influir en el comportamiento futuro de uno de los sectores que más aportan ingresos al Estado.
Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana, explicó en Infobae Colombia que su impacto depende en gran medida de cómo lo perciban las empresas afectadas.

“El Gobierno tiene un problema muy serio de caja, muy serio de liquidez, y está buscando la forma de buscar liquidez en el muy corto plazo”, explicó el director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana.
Este escenario tiene implicaciones directas para las finanzas públicas, debido al papel estratégico que cumple el sector energético en el recaudo fiscal. Los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos y minería representan una fuente importante de impuestos, regalías y divisas para el país.
Pardo indicó que esta medida no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia para enfrentar restricciones fiscales. “Lo que está haciendo el Gobierno es, en muchos frentes, buscar caja, dadas unas presiones de liquidez bastante graves que tiene en este momento”, explicó.
Si la inversión en estos sectores disminuye, el efecto podría reflejarse en menores niveles de producción en el futuro, lo que reduciría los ingresos fiscales del Estado.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó en Infobae Colombia que este tipo de decisiones tributarias pueden tener efectos que van más allá del recaudo inmediato.
Una menor inversión en el sector extractivo no solo afecta el crecimiento, sino también los ingresos fiscales futuros, en un momento en el que el país enfrenta crecientes necesidades de financiación.
Según Salazar, el contexto fiscal actual es especialmente delicado, ya que el Gobierno enfrenta mayores gastos asociados a emergencias climáticas y otras obligaciones presupuestales.
Colombia depende en buena medida de los ingresos provenientes de sectores estratégicos como el energético, a través de impuestos, regalías y exportaciones. Si la actividad en estos sectores se desacelera, el efecto puede sentirse directamente en el recaudo fiscal en los próximos años.
“Esto en últimas termina afectando el crecimiento económico”, reiteró el analista, al advertir que una desaceleración económica reduce la base tributaria futura.
Salazar concluyó que las decisiones tributarias deben ser previsibles y estructuradas, especialmente cuando afectan sectores clave para las finanzas públicas.
“Las futuras necesidades por recursos deben salir de una forma organizada, una forma previsible, una forma negociada y no una forma precipitada como se ha venido dando”, señaló.
Según el analista, la estabilidad tributaria es un factor determinante para mantener la inversión en sectores estratégicos como el energético, que son fundamentales para la sostenibilidad fiscal del país.
El riesgo, según los expertos, es que si el entorno tributario se percibe como impredecible, las empresas podrían priorizar inversiones en otros países con mayor estabilidad fiscal.
Esto podría traducirse, según los expertos, en menores niveles de exploración, producción e inversión en el sector energético colombiano en los próximos años, lo que tendría efectos directos sobre los ingresos fiscales, las exportaciones y el crecimiento económico.
Aunque el impuesto busca atender una emergencia específica, su impacto real dependerá de si se mantiene como una medida excepcional o si marca un cambio más amplio en la política tributaria hacia sectores estratégicos.
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