La Nueva EPS respondió de manera parcial al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación sobre el caso de Kevin Arley Acosta Pico, paciente que sufría hemofilia A severa y que falleció tras un accidente en bicicleta, según lo consignado en el documento enviado el 20 de febrero de 2026 por el agente interventor Óscar Gálvez.
La entidad solo atendió los puntos cuatro, cinco y seis del oficio radicado bajo el número E-2025-516920, conocido por medios como Blu Radio y Noticias RCN. Respecto a los puntos uno y dos, la EPS indicó que “la información solicitada se encuentra en proceso de consolidación y será remitida dentro del plazo establecido”.
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La EPS explicó que el caso del menor “continúa en análisis por parte de los distintos intervinientes”. Detalló que Kevin Acosta, de siete años, ingresó inicialmente a un centro asistencial en Pitalito tras sufrir un trauma craneoencefálico.
Ante la complejidad del diagnóstico y la falta de disponibilidad de servicios especializados, la entidad gestionó la remisión a una institución de mayor nivel. El documento señaló que “la remisión del paciente se realizó en un tiempo total de 12 horas, contadas desde la generación de la orden de referencia hasta la aceptación efectiva por parte de la institución receptora”.
El recorrido de Acosta inició tras su ingreso a la ESE Camilo Trujillo Silva a las 6:56 p. m. el 8 de febrero de 2026. Fue remitido a Pitalito a las 7:30 p. m., ingresando a las 9:10 p. m.
Dada la falta de recursos para su hemofilia severa, indicó que se solicitó la remisión vital a las 11:23 p. m. Luego de cinco intentos en diferentes clínicas, la Fundación Hospital de la Misericordia en Bogotá aceptó el caso a las 10:51 p. m. del 9 de febrero. El menor arribó finalmente a Bogotá a las 7:58 a. m. del 10 de febrero, tras experimentar complicaciones críticas durante el vuelo.
La entidad informó que durante el traslado “el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio” y que, al ingresar a la institución en la capital, registró “un segundo evento similar”. El fallecimiento se produjo el 13 de febrero.
En su oficio, Nueva EPS reiteró que “el proceso de remisión se realizó bajo los lineamientos del sistema de referencia y contrarreferencia” y aseguró que “no se identifican fallas atribuibles a omisiones en la gestión”. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación permanece a la espera de la información pendiente sobre los puntos que la entidad aún no ha respondido.
Procuraduría exigió mayor control a Nueva EPS tras muerte de Kevin Acosta
El 19 de febrero, la Procuraduría intensificó sus requerimientos sobre la gestión de la Nueva EPS, solicitando a la Superintendencia Nacional de Salud reforzar la vigilancia en los planes de acción de la entidad, en respuesta a preocupaciones por el acceso y la calidad de los servicios que reciben más de 11 millones de afiliados.
La petición del órgano de control incluyó que la superintendente ad hoc para la Nueva EPS, Luz Marina Munera, amplíe la supervisión de los planes de acción para garantizar el derecho fundamental a la salud y asegurar transparencia en el manejo de los fondos. El Ministerio Público señaló: “La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos”.
En el ámbito financiero, la Procuraduría exigió documentos sobre el cierre y certificación de los estados financieros de 2023 y 2024, la legalización de anticipos a la red de prestadores y la contabilización de cuentas médicas. Además, pidió soportes sobre la auditoría de recursos, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica y el avance administrativo de la Nueva EPS.
La presión institucional se intensificó tras la muerte de Acosta Pico, que según denunció la madre y la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab (Hemlibra) durante dos meses previos a su fallecimiento, tras un accidente que agravó su condición.
El deceso se produjo el 13 de febrero en Bogotá, luego de que la familia reportara demoras en la entrega del tratamiento asignado por la EPS. A raíz del caso, la Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoría para verificar si se cumplieron los protocolos de atención y las normas de suministro oportuno del medicamento. La entidad advirtió que las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas o correctivas para los responsables.
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