La representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda expresó su rechazo absoluto ante la decisión del presidente Gustavo Petro y su gabinete de firmar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, durante el Consejo de Ministros del 24 de febrero, en Cartagena.
En una férrea crítica, Katherine Miranda señaló que este paso es una clara muestra del irrespeto del Gobierno hacia la Constitución de 1991, una promesa que había sido central en su campaña presidencial, pero que ahora parece esfumarse.
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El presidente Petro firmó un documento en el que formaliza la solicitud para convocar la constituyente, un paso que se centra en su afán de avanzar con una agenda reformista ante las dificultades que encontró en el Congreso y los altos tribunales.
Durante el Consejo de Ministros, varios de los jefes de carteras más cercanos a Petro, como el de Minas y Energía (Edwin Palma), Defensa (Pedro Sánchez), Educación (Daniel Rojas Medellín), Vivienda (Helga María Rivas), de las Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Marcela Morales) y Hacienda (Germán Avila), también suscribieron la iniciativa, al respaldar la decisión de llevar el proceso constitucional a otro nivel.
Miranda, que inicialmente fue una de las principales impulsoras de Petro en su camino hacia la Presidencia de la República, no dudó en señalar su firme oposición a lo que considera una “traición” a los principios de la Constitución de 1991.
En su cuenta de X, la congresista escribió: “Prometieron respetar la Constitución. Hoy quieren cambiarla porque no les salió el experimento. Después preguntan por qué el ‘cambio’ salió chimbo. Incoherencia total. No es reforma, es capricho. Y vamos a dar la pelea para frenar esa constituyente. No lo vamos a permitir”.
La crítica de Miranda se centró en lo que considera una contradicción entre los compromisos de campaña del presidente y las acciones tomadas por su Gobierno. Según la congresista, la promesa de “respetar la Constitución” fue una de las banderas que llevó a Petro al poder, pero ahora, al buscar el camino correcto, el Gobierno muestra su “falta de coherencia” hacia la carta magna.
El proceso legal para la convocatoria de una asamblea constituyente: es un camino largo
El camino legal que ahora se inicia para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente es claro, aunque largo y complicado. Según las disposiciones vigentes, los promotores del proceso tienen un plazo de seis meses para recolectar al menos el 5% de los respaldos del censo electoral nacional, lo que se traduce en más de dos millones de firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solo entonces se podrá formalizar la solicitud y, eventualmente, avanzar con la creación de una nueva carta magna.
Y es que la Registraduría dio luz verde al comité ciudadano encargado de recolectar firmas para convocar la constituyente, lo que permitió el inicio formal de esta fase a finales de enero (misma que firmó el presidente y su gabinete). A pesar de este paso, aún no convoca oficialmente a la constituyente ni se conoce un articulado específico sobre los cambios que se buscan hacer.
Este proyecto provocó una división de opiniones entre las distintas ramas del poder público. Si el comité logra alcanzar el umbral requerido de firmas, el proyecto será presentado al Congreso de la República, que decidirá si es pertinente abrir un debate sobre la convocatoria. Si el Legislativo lo aprueba, será el pueblo el que decida, mediante un referéndum, si se instala una asamblea.
En este sentido, la congresista del Partido Verde afirmó que será una de las principales opositoras a este proyecto y que no permitirá que avance.
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