El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos publicó un video en el que lanzó indirectas al Gobierno de Gustavo Petro debido al manejo que se le ha dado a las finanzas públicas en los últimos años. En la grabación de 27 segundos, el exmandatario usó un término que se volvió popular en redes sociales: facto, expresión utilizada para afirmar que una opinión o comentario es una verdad innegable, un hecho objetivo o una afirmación que “da en el clavo”
Exactamente, acompañó la misma con el siguiente cuestionamiento: “¿Estamos de acuerdo en que debemos volver a construir un manejo responsable de las finanzas públicas? Les dejo este facto..."
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Ya en el video, por un lado, afirmó: “Durante nuestro gobierno, por el manejo responsable de las finanzas públicas, la creación de la regla fiscal, nos devolvieron lo que se llama el grado de inversión y eso nos permitió endeudarnos a un precio entre el 5% y el 6%”. Por el otro, apuntó que “hoy estamos pagando más del doble. Tenemos que recuperar la confianza y la responsabilidad fiscal”.

El mensaje surgió ante las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro con respecto al manejo de la regla fiscal, norma que establecía que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB, uno de los pilares de la política económica colombiana desde 2011.
Y es que, en 2025 el Gobierno activó la “cláusula de escape” de la norma, una medida excepcional que permite al Estado sobrepasar los límites legales de déficit. La decisión de suspenderla se tomó pese a la oposición formal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y luego de una reunión convocada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). El Ejecutivo justificó la suspensión por la necesidad de ampliar la capacidad de endeudamiento y evitar un ajuste abrupto del gasto estatal.
Control al endeudamiento público
La regla fiscal, establecida en 2011, buscaba controlar el endeudamiento público y fortalecer la confianza de los inversores internacionales. Expertos y exministros advirtieron que romper con ese compromiso histórico puede encarecer el costo de la deuda, generar volatilidad cambiaria y afectar negativamente la calificación crediticia del país. En 2025, Colombia perdió el grado de inversión en dos de las tres principales agencias calificadoras, y Moody’s alertó que un fracaso en la consolidación fiscal podría conducir a una rebaja adicional.

Dentro de los que expresaron preocupación se encuentran el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que señaló en X que la regla fiscal “es una salvaguarda que asegura el manejo responsable de la economía”. Por su parte, el también exministro de Hacienda José Antonio Ocampo explicó en declaraciones a La República que suspender la regla fiscal podría hacer que Colombia pierda el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional, considerada un respaldo clave para países con fundamentos macroeconómicos sólidos.
Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas advirtió en redes sociales que “suspender la regla fiscal es preocupante y evidencia que el gobierno Petro impulsa el gasto y el endeudamiento sin un respaldo estructural”.
Situación excepcional
El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, defendió la suspensión de la regla fiscal como una medida necesaria ante la “situación fiscal excepcional” derivada, según su diagnóstico, de decisiones heredadas y de ingresos fiscales sobreestimados en años anteriores. En la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el funcionario reconoció que la recaudación estatal prevista para 2024 quedó por debajo de lo calculado. El Ejecutivo prevé un déficit fiscal que podría alcanzar el 7,4% del PIB en 2025 y una deuda pública neta cercana al 63% del PIB, cifras que superan ampliamente los límites establecidos por la regla fiscal.

Frente a esto, el Gobierno anunció, como parte de su estrategia, la recaudación anticipada de impuestos a las empresas, un incremento progresivo en el precio del diésel y la modificación de los subsidios a la energía y el gas. Además, se anunció una nueva reforma tributaria en el Congreso con el objetivo de recaudar aproximadamente $19 billones, pero fue rechazada.
Las medidas buscan compensar el alto costo fiscal de los subsidios y la amortización de créditos internacionales adquiridos durante la pandemia, en especial, con el Fondo Monetario Internacional.
Déficit elevado
El contexto electoral añade presión al debate. Baker McKenzie manifestó que Colombia ingresó a 2026 con un panorama de déficit elevado, ingresos estancados y reformas fiscales bloqueadas en el Congreso de la República. La suspensión de la regla fiscal permanecerá vigente hasta 2027, por lo que la próxima administración deberá presentar un ambicioso plan de consolidación fiscal para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas.
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