Caso Aguas Vivas: fiscal y abogado defensor de exfuncionarios de Daniel Quintero protagonizaron fuerte cruce durante audiencia de acusación

La audiencia judicial celebrada el martes 24 de febrero por el caso Aguas Vivas en Medellín, en la que el exalcalde y hoy candidato presidencial Daniel Quintero y varios miembros de su administración enfrentan cargos por presunta corrupción relacionada con un terreno en El Poblado, dio muestra de la manera en la que las partes han afrontado este caso, en un episodio que causó revuelo entre los que seguían de manera atenta la diligencia de formulación de acusación.

En efecto, durante la diligencia se evidenció un momento de tensión entre la fiscal del caso, Yarlecy Mena, y uno de los abogados defensores, Santiago Trespalacios, según registró El Colombiano. El episodio se produjo durante la intervención de este letrado, que es representante legal de cuatro exservidores públicos, que solicitó la nulidad del proceso argumentando falta de precisión en las imputaciones hechas por la representante del órgano de justicia.

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“Señora juez, cuando revise los hechos jurídicamente relevantes, se va a dar cuenta que nunca se estableció cuál era el vínculo funcional de mis representados con el contrato o con la operación contractual. Y peor aún, se dieron hipótesis alternativas de carácter contradictorio”, indicó Trespalacios, que insistió en que la Fiscalía no había establecido cuál fue el contrato en el que se interesaron sus defendidos ni qué bien estaría involucrado.

Es válido decir que Trespalacios lleva la defensa de Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de Medellín; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; y Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; todos exfuncionarios del acusado exmandatario de la capital antioqueña, que hará parte -contra todo pronóstico- de la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo.

En otro de los apartes el letrado puso en duda la coherencia de la acusación. “Dice la fiscal que mis representadas se interesaron en modificar un contrato. Luego, 16 minutos después, dice que las personas que hoy represento quisieron comprar un bien que ya era del Estado. Es decir, cambió de un todo y por todo la hipótesis acusatoria”, acotó el abogado, que mencionó que se plantearon hasta tres hipótesis distintas sobre la conducta de sus representados.

La dura respuesta de la fiscal: “Su intervención tenía un matiz personal”

Ante la cascada de señalamientos, Mena, fiscal encargada de la investigación, solicitó a la jueza Paola Dávila que hiciera un llamado al orden, al argumentar que las intervenciones de la defensa estaban cargadas de valoraciones personales y un tono irrespetuoso. “Ahora bien, al señor defensor Trespalacios, sí percibí que su intervención tenía un matiz personal. La vehemencia jurídica no exige confrontación personal”, afirmó la fiscal al inicio de su intervención.

A su vez, Mena indicó que, a lo largo de la imputación, ha sido objeto de señalamientos que afectan su honra. “He recibido irrespeto y no estoy, su señoría, en condición de seguirlo recibiendo”, precisó. Frente a este episodio, la togada a cargo del caso intervino para calmar los ánimos y rechazó que se hubiera producido una falta de respeto durante la diligencia, con lo que le dio la razón a Trespalacios, que tiene a su cargo la defensa de cuatro imputados.

“Yo no observo que el abogado defensor que acaba de intervenir haya hecho alguna manifestación irrespetuosa con la señora fiscal. Me parece que la intervención estuvo únicamente encaminada a atacar la audiencia de formulación, sin observar alguna afirmación directa contra la señora fiscal”, indicó la autoridad judicial, frente a lo manifestado por el abogado y con lo que dejó sin efectos los reclamos hechos por la fiscal 173, a cargo del caso.

La diligencia, efectuada en Medellín, forma parte del proceso de audiencias de formulación de acusación que se siguen contra Quintero y otros exfuncionarios, luego de que las imputaciones fueran avaladas por un juez de control de garantías. Se espera que las intervenciones de las partes continúen hasta mediados de este año, con próximas sesiones programadas para el 29 de abril, 20 de mayo, 2 y 14 de julio; en las que también estará el señalado político.