Tras la denuncia ciudadana frente a la utilización de carrotanques con pancartas alusivas a dos candidatos a las elecciones del Congreso y la supuesta exigencia de datos personales para el suministro del líquido vital en Aguachica (Cesar), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación penal por el delito de corrupción al sufragante.
En una publicación hecha en su cuenta de X, el titular de la cartera recalcó que la indagación obedece a una inspección previa al vehículo de carga realizada en el municipio del departamento del Cesar, recalcando que, durante el operativo, los avisos electorales ya no estaban pegados al automotor.
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“La Policía Nacional de Colombia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, aperturó una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante (...) La Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación. Aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda, se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”, escribió el funcionario en sus redes sociales.
A su vez, Sánchez confirmó también la convocatoria a un Consejo de Seguridad Extraordinario en Aguachica, destinado a reforzar los controles para evitar nuevos delitos electorales ante el avance del proceso democrático.
“No habrá impunidad, ni sesgos políticos. La Policía actúa con neutralidad ante la coyuntura”, agregó.
En medio de las especulaciones difundidas en redes, Sánchez aclaró que la persona identificada en algunos videos como posible integrante de la Policía que habría ignorado la situación no pertenece a la institución, sino que sería agente de tránsito municipal.
Hasta el momento, ni la Registraduría Nacional del Estado Civil ni la Procuraduría General de la Nación han anunciado la apertura de procesos formales.
La causa penal informada por el Ministerio de Defensa coloca el caso en manos de la justicia ordinaria, mientras expertos citados por El Tiempo subrayan que la Fiscalía deberá reunir “pruebas técnicas y testimoniales” para establecer si existió condicionamiento del agua a favor de candidaturas.
Cronología del caso
Según la denuncia difundida por Caracol Radio y por el periodista Jacobo Solano, señalan que los carrotanques portaban propaganda de los candidatos Didier Lobo (senador por Cambio Radical) y Ape Cuello (representante a la Cámara por el Partido Conservador).
Los vehículos, de acuerdo con las denuncias públicas, cargan agua de hidrantes públicos y, previo a suministrarla en los barrios afectados, los asistentes de campaña de los dos congresistas solicitan la inscripción de los beneficiarios en listas con información personal.
Testimonios y material visual exponen cómo la ayuda se distribuye solamente “una casa sí, una casa no”, priorizando domicilios afines a esas fuerzas políticas.
Esta situación se presenta luego de que en el municipio cesarense enfrenta una emergencia por “menor disponibilidad de agua”, confirmada por la Empresa de Servicios Públicos local a mediados de enero mediante una “alerta amarilla”.
Además, Jacobo Solano identificó a Víctor Roqueme, conocido como “El Indio”, como el supuesto operador logístico de la entrega de agua.
“Carrotanques con publicidad del Senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello toman agua pública de los hidrantes para llevarla a barrios que tienen más de 20 días sin agua, pero antes de entregar el agua llenan planillas para reseñarlos y que voten, si no votan, no hay agua. Todo es orquestado por Víctor Roqueme, alias El Indio, quien tiene vínculos en el Catatumbo”, denunció el comunicador en X.
Este caso, convertido en símbolo del debate sobre la ética en el manejo de servicios públicos en época electoral, ha obligado a las autoridades nacionales y regionales a asumir compromisos públicos de transparencia y neutralidad.
El desenlace dependerá de la capacidad de las instancias investigativas para esclarecer los hechos y garantizar que los servicios esenciales no sean instrumentalizados como mecanismo de coacción política.
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