4 años después del fallo de la Corte, más de 213.000 personas han acudido a Profamilia para servicios de aborto

Este 21 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia C-055 de 2022, decisión mediante la cual se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en el país. Desde entonces, distintas organizaciones han presentado balances sobre la implementación de la medida y el acceso al servicio en el territorio nacional.

En ese contexto, Profamilia dio a conocer cifras consolidadas sobre la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo desde 2022. De acuerdo con la entidad, en estos cuatro años 213.895 mujeres y personas gestantes han sido atendidas en sus clínicas y centros médicos en todo el país.

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Según los datos entregados por la organización, solo en 2025 se realizaron 59.532 atenciones relacionadas con aborto. Del total reportado el año pasado, el 94,5% correspondió a procedimientos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación, mientras que el porcentaje restante se llevó a cabo mediante otros métodos autorizados dentro del marco legal vigente.

La despenalización hasta la semana 24 significó un cambio frente al esquema anterior, que permitía la interrupción del embarazo únicamente bajo tres causales específicas establecidas desde 2006. Con la decisión adoptada en 2022, el aborto pasó a ser legal dentro del plazo fijado por la Corte, sin necesidad de acreditar dichas causales durante ese periodo.

En su comunicado, Profamilia señaló que el acceso al servicio no es homogéneo en todas las regiones del país. Aunque no presentó un desglose detallado por departamentos, indicó que persisten diferencias territoriales y sociales que inciden en la oportunidad de la atención. La organización cuenta actualmente con 46 clínicas a nivel nacional.

En relación con los perfiles de atención, el informe destaca que la mayoría de los procedimientos se realizan en etapas tempranas del embarazo. El uso predominante de métodos farmacológicos antes de la semana 12 coincide con las recomendaciones clínicas habituales para interrupciones en fases iniciales de gestación.

La organización también hizo referencia a decisiones judiciales posteriores a 2022, entre ellas la sentencia SU-297 de 2025, en la que la Corte reiteró lineamientos sobre el acceso al servicio en distintos contextos poblacionales. Sin embargo, el comunicado se centró principalmente en el balance cuantitativo de atenciones realizadas.

En el documento se menciona, además, que la objeción de conciencia es de carácter individual y no institucional, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, y que las instituciones de salud deben garantizar la prestación del servicio cuando un profesional se declare objetor. No obstante, Profamilia no presentó cifras sobre casos relacionados con este aspecto específico.

Otro de los puntos señalados por la entidad es la importancia de contar con sistemas de información que permitan hacer seguimiento a la prestación del servicio por territorio, edad y condición socioeconómica. En el comunicado no se detallaron estadísticas públicas nacionales consolidadas más allá de las correspondientes a su propia red de atención.

El 21 de febrero se ha convertido en una fecha de referencia para organizaciones sociales y entidades prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva, que cada año presentan balances o análisis sobre la implementación de la sentencia. En 2026, la conmemoración coincide con un año electoral, lo que ha llevado a que distintos sectores incluyan el tema en el debate público.

Profamilia indicó que continuará ofreciendo servicios de interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco normativo vigente y recordó que dispone de canales de orientación para quienes soliciten información. Las cifras divulgadas corresponden exclusivamente a las atenciones realizadas por la organización desde febrero de 2022 hasta comienzos de 2026.

A cuatro años del fallo, el balance presentado se concentra en el número de personas atendidas y en las características generales de los procedimientos practicados en su red, sin incluir proyecciones sobre el comportamiento futuro de la demanda ni estimaciones comparativas con periodos anteriores a la despenalización.

Todo esto se presenta teniendo en cuenta que muchas de estos abortos practicados en lugares autorizados permiten que las mujeres ya no tengan que recurrir a sitios ilegales, en los cuales corre riesgo su vida.