
Un tribunal de la República Popular de Donetsk, bajo control ruso, condenó en ausencia a Deiner Perdomo Henao de Jesús, ciudadano colombiano de 45 años, por el delito de mercenarismo.
Según el medio ruso Dnr-News, la sentencia impuso una pena de 14 años en una prisión de máxima seguridad y ordenó su búsqueda internacional. El caso ilustra el creciente involucramiento de colombianos como combatientes extranjeros en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
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Perdomo Henao llegó a Ucrania en febrero de 2023 y se incorporó voluntariamente a la 59.ª brigada de infantería motorizada de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tras haber cumplido con el entrenamiento militar necesario, participó en operaciones de combate contra militares rusos a cambio de una compensación económica, según la Fiscalía de la República Popular de Donetsk.
El monto total recibido durante su estadía se cifra en 5.6 millones de rublos. A día de hoy, 20 de febrero de 2026, 5.6 millones de rublos rusos (RUB) equivalen aproximadamente a 268,448,241.60 pesos colombianos considerando una tasa de cambio aproximada de 47.93 COP por rublo.

Las autoridades judiciales de Donetsk indican que su actividad continuó hasta el otoño de 2025, aunque algunas fuentes, como RT, señalan que se extendió hasta 2024.
El fallo se fundamentó en el artículo 359, apartado 3, del Código Penal ruso, que sanciona la participación como mercenario en conflictos armados extranjeros. Además de la condena, el tribunal dispuso su búsqueda internacional, según la Fiscalía.
No se trata del único caso de ciudadanos colombianos procesados por autoridades prorrusas tras combatir en Ucrania.
Dnr-News informan que Héctor Joel Urbano Perdomo, de 41 años, recibió una sentencia similar. En su caso, integró la brigada de asalto espartana de la 3.ª brigada operativa de la Guardia Nacional ucraniana. Otras personas de nacionalidad colombiana también han afrontado condenas semejantes, según esas mismas fuentes.
La presencia de colombianos entre los mercenarios extranjeros en la guerra de Ucrania ha sido notoria. RT cita datos de la Cancillería de Colombia que registran al menos 64 nacionales muertos y 122 desaparecidos en el conflicto desde 2022.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su rechazo a la participación de ciudadanos en escenarios bélicos fuera del país. Según RT, el mandatario denunció públicamente el trato y las condiciones enfrentadas por los colombianos en Ucrania, recalcando que a menudo quedan expuestos a situaciones de extremo riesgo y desprotección.
El coronel Carlos Giovanni Guerrero afirma que exmilitares y mercenarios Colombianos afrontan maltratos y abandono
Exmilitares y mercenarios colombianos detenidos en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 afirmaron que han enfrentado constantes violaciones a sus derechos durante el proceso judicial al que están sometidos desde hace cuatro años y medio, según denunció Carlos Giovanni Guerrero, coronel retirado, en una entrevista con Vélez por la mañana.

La percepción de indefensión y abandono crece entre los acusados, quienes reportan condiciones insalubres en prisión, falta de atención médica adecuada y negligencia institucional. Guerrero señaló que las autoridades haitianas han ignorado sus reclamos y recalcó: “Actualmente, yo tengo tuberculosis, producto del hacinamiento en el que me encuentro y no he recibido tratamiento adecuado. Tengo compañeros con hipertensión donde no reciben sus medicamentos oportunamente y sin decirles tratamientos odontológicos. Cinco años sin ver un odontólogo”.
El exmilitar ofreció detalles sobre el irregular desarrollo del proceso judicial: durante este tiempo, seis jueces han estado a cargo del caso, algunos de ellos renunciaron por corrupción o amenazas.
Según Guerrero, en la corte siguen siendo tratados como culpables y la presunción de inocencia no ha sido respetada. “La apelación no fue aceptada y, en la Corte, todo el tiempo nos señalan como si fuéramos los culpables… La presunción de inocencia en ningún momento”, remarcó.
Guerrero explicó que su llegada a Haití obedeció a una oferta laboral legítima relacionada con la seguridad de un proyecto hidroeléctrico y la protección de un candidato presidencial. Insistió en que nunca tuvieron la intención de causar daño: “Jamás tuvimos intención de venirle a hacerle daño a nadie, pero ni más faltaba”.
Respecto a los hechos de la noche del crimen, aseguró haber actuado bajo instrucciones, en coordinación con fuerzas locales y extranjeras. Narró que recibieron la orden de brindar apoyo a la Policía Nacional de Haití, donde identificó la presencia de agentes del FBI, sin saber que el destino era la residencia presidencial: “En ningún momento me imaginé que ese lugar era la casa presidencial”.

Entre las múltiples denuncias de tortura, Guerrero relató que los detenidos fueron obligados a firmar documentos en criollo, idioma que desconocen, y sufrieron graves maltratos físicos: “A mí me figuraron la cara a punta de golpes y de patadas y de amenazas. Tengo compañeros que fueron quemados con ácido, apuñalados, colgados en una barra y le daban puños, a otros les quemaron los testículos con un briquet”.
El coronel retirado reclamó una intervención diplomática del gobierno colombiano y mayor atención de las autoridades nacionales, subrayando: “Son cuatro años y medio sin un debido proceso, donde se han violado todos nuestros derechos fundamentales, todos nuestros derechos procesales”.
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