El magistrado Juan Carlos Granados, integrante y vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ordenó abrir una investigación disciplinaria contra tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá que absolvieron en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe en el proceso por soborno a testigos.
La decisión, fechada el 9 de febrero, dispone indagar a Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto por una presunta violación al régimen de inhabilidades.
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La actuación disciplinaria ocurre mientras la situación jurídica del propio magistrado continúa sin resolverse en relación con el caso de la constructora Odebrecht, en el que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en 2018.
El expediente dejó de tramitarse en la Corte Suprema de Justicia tras su elección como magistrado, pasando a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Proceso sin definición en el Congreso
El traslado del expediente ocurrió cuando Granados estaba próximo a ser acusado formalmente ante la Corte Suprema. Su designación como magistrado implicó un cambio de fuero que llevó el caso a la Cámara, donde permanecen dos actuaciones radicadas desde 2021 en despachos de congresistas distintos sin que se haya adoptado una decisión de fondo.
De mantenerse los acuerdos internos de la corporación, Granados podría asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2027, sin que exista una definición sobre su situación penal.
La investigación en su contra se relaciona con un presunto intento de favorecer a Odebrecht en la adjudicación de un contrato vial en Boyacá a cambio de $200 millones. Por estos hechos fue imputado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
Durante el trámite ante la Corte Suprema se registraron aplazamientos en la audiencia de acusación. El magistrado manifestó en ese momento no contar con abogado y no haber logrado un acuerdo sobre honorarios con su defensor; mientras el alto tribunal advirtió que el proceso continuaría con un defensor de oficio si no resolvía su representación, pero la posterior posesión en la Comisión trasladó el caso al Congreso, donde permanece actualmente sin avance.
Según la Fiscalía, Granados se habría reunido con representantes de la multinacional con la intermediación del exsenador Plinio Olano. En ese encuentro, de acuerdo con la investigación, se habría pactado un apoyo económico para su campaña a la Gobernación de Boyacá a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de un tramo vial estratégico.
En el expediente se señala que “Odebrecht prometió pagar a Plinio Olano y a Juan Carlos Granados del 3% al 5% del valor total del contrato, el cual oscilaba entre $200.000.000.000 y $350.000.000.000”.
Denuncias sobre contratos y relaciones administrativas
El nombre del magistrado también ha sido mencionado en una denuncia presentada recientemente por el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), que involucra a su esposa, Patricia Reyes, al personero distrital Andrés Castro y al director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros.
De acuerdo con la denuncia sindical, Reyes habría recibido contratos simultáneos en la Personería de Bogotá y en la CAR que suman $434 millones. En el mismo contexto se menciona que la esposa del personero obtuvo contratos con la CAR entre 2024 y 2025 por $216 millones antes de ser nombrada jefa de Asuntos Internacionales de esa entidad.
Los señalamientos describen relaciones administrativas entre funcionarios que han coincidido previamente en cargos públicos; como por ejemplo, que el personero distrital fue contralor auxiliar durante la gestión de Granados en la Contraloría de Bogotá y posteriormente ocupó la Contraloría de la capital.
Juan Carlos Granados es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás, título en el que recibió mención Cum Laude. Ha ejercido como docente y director del Doctorado en Derecho de esa institución y cuenta con estudios en democracia, régimen electoral, derecho internacional del transporte y gobierno municipal, además de maestrías en Seguridad y Defensa Nacionales y en Derecho Disciplinario.
En el sector público se ha desempeñado como concejal, alcalde de Nobsa, representante a la Cámara, gobernador de Boyacá y contralor de Bogotá antes de llegar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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