La organización Pacientes Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que se determinen en el curso de la investigación, en relación con el cumplimiento de órdenes impartidas por la Corte Constitucional sobre la suficiencia financiera del sistema de salud.
En el documento, fechado en Bogotá en febrero de 2026, la organización señala que presentó la acción penal “por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación”.
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La denuncia se enmarca en el seguimiento que el alto tribunal ha hecho a la Sentencia T-760 de 2008 y a sus autos de cumplimiento, especialmente los relacionados con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según el escrito, el ministro habría “incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional”, particularmente en lo relacionado con la definición del valor de la UPC y la financiación de servicios y tecnologías no cubiertas por ese pago.
La organización advierte que estas decisiones “han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios”.
Pacientes Colombia sostiene que, pese a las advertencias expresas de la Corte en distintos autos —entre ellos el 2881 de 2023, 2049 de 2024 y el 007 de 2025—, el Ministerio habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado. Entre los señalamientos se encuentra no haber expedido un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y fijar el valor de la UPC “basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos”.
El documento también cuestiona el desarrollo de las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC. Según la denuncia, estas se habrían utilizado “como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Minsalud”.
Agrega que organizaciones de pacientes y otros actores del sistema han denunciado públicamente que se ignoraron sus aportes técnicos y que no se garantizó una participación efectiva.
En uno de los apartados más críticos, la comunicación afirma: “Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”. A renglón seguido, sostiene que la conducta del ministro constituiría “un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces”.
Además de la investigación penal, Pacientes Colombia solicitó que se decreten medidas cautelares urgentes. En el escrito se pide “la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias”, así como la “evaluación de la suspensión temporal de las funciones del ministro Jaramillo relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones”.
Para los firmantes, estas medidas serían necesarias para evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que, aseguran, ya afecta la atención, la oportunidad y la continuidad de los servicios sanitarios.
La organización reiteró su llamado a que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten, “sin más dilación, las medidas estructurales necesarias para garantizar la suficiencia de los recursos del sistema de salud y la protección real del derecho fundamental a la salud de la población”.
La denuncia se produce en medio del debate nacional sobre el financiamiento del sistema y el impacto fiscal que implicarían los ajustes ordenados por la Corte. Mientras el Gobierno ha advertido sobre el peso presupuestal de estas decisiones, Pacientes Colombia insiste en que el cumplimiento integral de los fallos judiciales es indispensable para garantizar la sostenibilidad y el acceso efectivo a los servicios de salud en el país.
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