Nuevo impuesto del Gobierno Petro pondría a pagar más de la cuenta a millones de colombianos: habría errores en los cálculos

El Gobierno de Gustavo Petro estudia la implementación de un impuesto al patrimonio destinado a personas jurídicas bajo la figura de la Emergencia Económica, Ecológica y Social. La propuesta generó advertencias sobre posibles riesgos para la inversión privada, la carga fiscal y la rentabilidad empresarial. Mientras el cálculo oficial de recaudo fiscal se ubica en $8 billones, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima que la cifra podría ser mucho más alta.

De acuerdo con la entidad, el gravamen se aplicaría a personas jurídicas cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), es decir, $10.475 millones. Según el análisis, la tarifa marginal sería del 0,6% para patrimonios de hasta 600.000 UVT ($31.424 millones), lo que aumenta al 1,2% para sumas superiores.

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Indicó el centro de investigaciones que “de momento, los detalles de la medida se conocen solo por anuncios del Gobierno”, lo que incrementa la incertidumbre sobre el alcance y condiciones definitivas.

Anif advirtió que el impuesto propuesto “tiene implicaciones económicas de fondo”. Según explicó, “gravar el capital acumulado reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, lo que puede traducirse en un desincentivo claro al crecimiento empresarial”. Además, señaló que la aprobación del gravamen podría transmitir señales negativas a grandes inversionistas internacionales y reducir la competitividad de Colombia frente a otras economías regionales.

Inversiones en Colombia podrían disminuir

Dicho análisis también apunta que gravar el capital acumulado podría llevar a importantes inversionistas extranjeros a reconsiderar a Colombia como destino, en un contexto fiscal que se percibiría como menos propicio para el desarrollo de nuevos proyectos productivos. Según la institución, adoptar esta medida afectaría la capacidad de las empresas para expandirse y renovar sus activos, lo que alteraría la dinámica de la economía nacional.

En materia de recaudo, la estimación se elaboró con datos de la plataforma EMIS, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, las Cámaras de Comercio y fuentes oficiales para 2024. El cálculo señala que el potencial de recaudo del impuesto llegaría a $13,4 billones. De este total, $13,1 billones corresponderían a compañías con patrimonios superiores a 200.000 UVT, y $0,3 billones a tramos iniciales.

Anif precisó que la tasa efectiva de tributación para las empresas aumentaría del 29,8% al 35,5% por efecto del nuevo impuesto, equivalentes a casi seis puntos porcentuales adicionales sobre el nivel actual. Según resaltó la organización que preside José Ignacio López, en 2024 el impuesto de renta alcanzó $70,6 billones, por lo que este gravamen representaría una carga fiscal importante y equivaldría a una doble tributación sobre las empresas.

En el balance, Anif expuso que “las cifras encontradas reflejan que no son claros los criterios para la meta de recaudo de $8 billones planteada por el Gobierno, incluso cuando nuestro cálculo no toma en cuenta algunos sectores posiblemente excluidos”.

Antecedentes relevantes para Colombia

La experiencia en Colombia registra antecedentes relevantes en 2011, año en que se estableció un impuesto transitorio al patrimonio con tarifas marginales entre 1% y 4,8%, durante otra emergencia. Según los estudios citados por la entidad ese impuesto incrementó el costo de endeudamiento de las empresas y provocó una reducción en la inversión de las compañías obligadas a pagar.

El análisis sobre los efectos previos revela que el gravamen instaurado entonces tuvo consecuencias negativas directas en el apetito de inversión y en la sostenibilidad financiera de diversas empresas. Así, la referencia histórica advierte sobre los peligros de reactivar una figura fiscal de similares características en el contexto económico actual.

De cara al plano internacional, señaló que apenas cinco países mantienen algún tipo de impuesto al patrimonio empresarial —Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega, este último limitado a ciertas instituciones financieras—. “En todos los casos, las tarifas son relativamente bajas —inferiores al 1%— y de alcance focalizado, lo que evidencia que se trata de un instrumento poco extendido y transitorio”, indicó el centro de estudios.

El escenario marca una diferencia importante entre la experiencia colombiana y la tendencia internacional, donde el uso de estos impuestos permanece restringido y moderado. Anif recalcó que la magnitud del tributo propuesto en Colombia supera la observada en la mayoría de países comparables.

Preocupación por el manejo de las cifras

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, llamó la atención sobre la importancia de la cifra anunciada por el Ministerio de Hacienda y el potencial impacto del mismo. Manifestó preocupación por el manejo de las cifras.

“Ojo con este dato. El Ministerio de Hacienda habla de 8 billones de recaudo por el impuesto al patrimonio en el marco de la Emergencia Económica para el departamento de Córdoba. Pero los cálculos con fuentes técnicas, como los de Anif, lo estiman en $13,4 billones. Estamos hablando de una diferencia enorme. No es un error menor, es prácticamente otra reforma tributaria encubierta”, advirtió el dirigente.

Resaltó la importancia de evaluar la finalidad real de la medida, así como las prioridades en el manejo de la emergencia. “La Corte Constitucional deberá evaluar con rigor la conexidad, necesidad y proporcionalidad de estas medidas. Hasta ahora, las cifras oficiales no pasan de estimaciones de servilleta”, insistió.

Castañeda alertó sobre el riesgo de justificar una carga fiscal extraordinaria al tomar como pretexto la crisis regional. Recordó que la Contraloría General informó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo podría contar con hasta $2,69 billones disponibles para la atención de emergencias, incluso al descontar los compromisos ya adquiridos.