Jueza tumbó polémico preacuerdo de Carlos Mattos con la Fiscalía: ofrecía dos camionetas y una moto para cerrar el proceso por sus salidas irregulares de La Picota

Una jueza de Bogotá negó el principio de oportunidad solicitado por la defensa del empresario Carlos Mattos, quien buscaba cerrar el proceso penal abierto en su contra por las salidas irregulares que realizó desde la cárcel La Picota hacia sus oficinas en 2022.

La decisión frena, por ahora, la posibilidad de que el empresario evite una nueva condena, aun cuando ya ha descontado penas previas por corrupción judicial.

La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación como parte de una negociación que contemplaba la entrega de bienes a entidades del Estado. Sin embargo, la jueza concluyó que el acuerdo no cumplía con los requisitos legales ni estaba suficientemente sustentado desde el punto de vista probatorio y argumentativo.

Falta de sustento en la negociación

En su decisión, la jueza fue enfática en señalar que la Fiscalía no acreditó que la entrega de los bienes ofrecidos constituyera una reparación idónea frente al daño causado ni explicó cómo se satisfacía el requisito de mínima afectación a los bienes jurídicos colectivos.

Durante la audiencia, la togada advirtió que, aunque podría existir una afectación a bienes colectivos, la causal invocada para aplicar el principio de oportunidad exige demostrar que dicha afectación fue mínima, aspecto que —según dijo— no fue desarrollado por la fiscal del caso.

Además, cuestionó que no se presentaran elementos probatorios claros sobre la presunta conducta punible atribuida a Mattos. Señaló que la Fiscalía hizo referencia a un traslado de material probatorio, pero que este no fue debidamente expuesto ni explicado en la audiencia. Para la jueza, esa omisión constituye una falencia central que impide avalar el archivo del proceso.

La decisión implica que el proceso penal seguirá su curso y que la Fiscalía deberá corregir las deficiencias señaladas si pretende insistir en un eventual acuerdo o avanzar hacia la acusación formal.

Los bienes ofrecidos en el acuerdo

El intento de negociación contemplaba la entrega de dos camionetas Hyundai Staria Turbo Diesel y una motocicleta KTM 250 Adventure modelo 2025, todas nuevas. El valor total de los bienes rondaría los 360 millones de pesos.

Una de las camionetas, avaluada en aproximadamente 182 millones de pesos, sería destinada a la Fiscalía, mientras que la otra iría al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La motocicleta, cotizada en cerca de 25 millones de pesos, también sería entregada a esa entidad.

Aunque el Inpec compareció como víctima y aceptó la negociación, la jueza consideró que la reparación propuesta no resultaba proporcional al daño investigado. También cuestionó el argumento fiscal sobre un eventual daño reputacional y advirtió que no se garantizaba plenamente el derecho de las víctimas a la verdad procesal mediante un simple intercambio de bienes.

El historial del empresario Carlos Mattos

El proceso se deriva de las salidas irregulares que Mattos realizó en 2022 desde la cárcel La Picota para asistir a compromisos personales y laborales.

Las revelaciones periodísticas de la Noticias Caracol evidenciaron que el empresario abandonaba el centro penitenciario acompañado por funcionarios del Inpec, quienes lo asistían como conductores y escoltas.

Tras la difusión de esos hechos, se produjo la destitución de directivos penitenciarios y la apertura de una nueva investigación contra el empresario por los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión. Según la Fiscalía, de prosperar la acusación, Mattos podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión.

El empresario ya había sido condenado en dos ocasiones por corrupción judicial en el denominado “caso Hyundai”, relacionado con sobornos a funcionarios para favorecer sus intereses comerciales. Este nuevo proceso se suma a su historial judicial y reabre el debate sobre los beneficios penales aplicables a personas previamente condenadas por atentar contra la administración de justicia.

La jueza dejó claro que, para clausurar el proceso, se requieren fundamentos sólidos que demuestren tanto la viabilidad jurídica del beneficio como la proporcionalidad de la reparación ofrecida. Al no encontrarlos en la solicitud presentada, optó por rechazarla.