La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propuso al próximo Gobierno de Colombia un plan para desmontar el impuesto a las transacciones financieras —conocido como 4x1.000— en ocho años. Según la organización, el tributo dificulta la formalización de las microempresas, lo que limita la capacidad de recaudo fiscal del Estado.
“El impuesto a las transacciones financieras disuade a muchos colombianos y a muchas empresas de tamaño pequeño a estar en la formalidad y, por tanto, no hay recaudo, precisamente porque existe ese impuesto”, afirmó el presidente de la Anif, José Ignacio López, durante la presentación de la alianza Colombia Progresa 2630, una iniciativa conjunta de seis centros de pensamiento para aportar propuestas concretas en seis temas clave para el país: salud, seguridad, energía, reforma normativa, financiamiento y agro.
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Recordó Anif que el 4x1.000 genera cerca de $16 billones en ingresos anuales para el Estado. Por eso, López reconoció que retirar el impuesto de manera inmediata es inviable debido a las restricciones de recursos fiscales. “El problema es que en el muy corto plazo va a ser muy difícil realmente reducir esas distorsiones o esas fricciones por el faltante de ingresos”, detalló.
La propuesta presentada impulsa una “eliminación gradual” del gravamen para favorecer una mayor formalización empresarial. “Nosotros estamos hablando de ocho años de desmonte, que alguien dirá: ‘Bueno, pero ocho años es mucho tiempo’. Pero embarquémonos en irlo desmontando y, si la situación fiscal mejora y la formalidad empieza a florecer y a darnos más recaudo, pues podemos acelerar ese desmonte”, explicó.
Hoja de ruta a adoptar
Resaltó el experto que debe adoptarse una hoja de ruta aunque existan condiciones fiscales precarias. “Demos el primer paso, empecémoslo a eliminar. Y segundo, si las condiciones se dan, seamos más ambiciosos y desmontémoslo más rápido. Pero por lo menos tengamos un plan”, instó.
De acuerdo con el Banco de la República, la informalidad empresarial en Colombia sigue siendo elevada y estructural. El índice multidimensional de informalidad empresarial alcanzó el 90,2% a nivel nacional entre 2024 y 2025. Sectores como la minería presentan una informalidad total (100%), seguidos por transporte (98,6%), construcción (96%) y actividades agropecuarias (95,3%).
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) destaca que más del 90% de las empresas en el país son microempresas, donde el fenómeno de la informalidad es más marcado. Entre los principales factores figuran las trabas burocráticas, los elevados costos laborales y la falta de acceso a financiamiento, tecnología y capacitación.
Las consecuencias incluyen baja productividad, menor acceso al crédito y una reducción en la base tributaria, lo que impacta en la estabilidad laboral y el recaudo fiscal.
La informalidad predomina
A nivel laboral, la informalidad también predomina. El Dane registró una tasa promedio de informalidad laboral del 55,7% a finales de 2025. Ciudades como Sincelejo y Riohacha superan el 60% de informalidad en el mercado de trabajo, mientras que Bogotá y Manizales presentan los niveles más bajos a nivel nacional.
Según la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el recaudo tributario 2025 cerró en $296 billones, por debajo de la meta oficial de 305,$4 billones. La brecha, de $9,4 billones, refleja los desafíos fiscales del país. La mayor parte de los ingresos correspondió a la retención en la renta ($103,61 billones, equivalente al 35% del total). El impuesto a las ventas aportó $64,35 billones, con una participación del 21,7%. Los tributos aduaneros sumaron $50,46 billones, lo que representó el 17,1% del total recaudado.
Recaudo por el 4X1.000
En cuanto al impuesto a las transacciones financieras (4x1.000), la Dian reportó un aporte de $1,91 billones durante 2025. Los tributos asociados a la economía interna totalizaron $245,5 billones, mientras que el comercio exterior sumó $50,47 billones en el mismo periodo.
La Anif sostiene que, aunque el 4x1.000 sigue siendo relevante como fuente de ingresos, su efecto negativo sobre la formalización y el crecimiento legitima la revisión de su permanencia. José Ignacio López insistió en que solo una mejora comprobable en la formalización y el recaudo podría justificar acelerar el “desmonte”.
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