La disputa comercial entre Colombia y Ecuador escaló a un punto crítico para el sector petrolero. De acuerdo con un informe del centro de estudios económicos Anif, el Gobierno ecuatoriano incrementó en más de 900% la tarifa para transportar crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote al pasar de US$3 a US$30 por barril.
La decisión impacta de manera directa la producción en Putumayo y comienza a sentirse en el empleo y en la actividad económica de la región.
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El aumento se produce en medio de una creciente tensión bilateral que inició el 21 de enero, cuando Ecuador anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas.
Colombia respondió con un arancel equivalente sobre una fracción representativa de bienes ecuatorianos y suspendió temporalmente las exportaciones de energía eléctrica. Aunque ambas partes han sostenido conversaciones diplomáticas, las medidas se mantienen y ahora afectan un sector estratégico.
El caso del oleoducto representa un golpe particularmente sensible. El Sote es la principal vía para evacuar el crudo producido en el sur del país, especialmente en Putumayo, cuya economía depende en gran medida de la actividad petrolera y de los servicios asociados.
Multiplicar por diez el costo de transporte reduce de forma drástica los márgenes de rentabilidad de los proyectos y pone en riesgo la viabilidad de varios campos.
Según el análisis, el encarecimiento no solo golpea a las compañías operadoras, sino a toda la cadena productiva: empresas de servicios petroleros, contratistas, transporte, comercio y empleo indirecto. En territorios donde la oferta laboral formal es limitada, cualquier reducción de actividad tiene efectos amplificados. Fuentes regionales ya reportan ajustes en contratos y menor dinamismo en la contratación de personal.
El impacto ocurre además en un contexto social delicado. Putumayo y Nariño concentran una proporción significativa de los cultivos ilícitos del país. En 2023, Colombia registró 252.575 hectáreas de coca, de las cuales 50.343 estaban en Putumayo y 64.990 en Nariño, lo que equivale a cerca del 46% del total nacional.
Para los analistas de Anif, debilitar sectores formales como el petrolero en estas zonas puede agravar la vulnerabilidad económica y reducir alternativas legales de ingreso.
La medida ecuatoriana se suma a un entorno comercial que ya mostraba señales de deterioro. Entre 2016 y 2025, la balanza comercial fue consistentemente superavitaria para Colombia, con saldos que en varios años superaron los US$800 millones FOB. En 2025, con corte a noviembre, el superávit alcanzó US$921 millones. Ecuador es el séptimo destino de las exportaciones colombianas y el tercer mercado para las ventas no minero energéticas.
Aunque el petróleo no domina esa canasta exportadora hacia Ecuador, la infraestructura compartida y la interdependencia energética evidencian una relación estratégica.
En momentos de sequía y racionamientos en el vecino país, Colombia ha llegado a cubrir hasta el 8% de su demanda eléctrica. El endurecimiento de las medidas comerciales y logísticas erosiona esa integración construida durante años en el marco de la Comunidad Andina.
Anif advierte que prolongar la disputa podría amplificar los efectos sobre la inversión y la estabilidad sectorial. En el caso del petróleo, el impacto es inmediato: un salto de US$3 a US$30 por barril en costos de transporte altera la estructura financiera de los proyectos y puede llevar a recortes en producción o aplazamiento de nuevas perforaciones.
En Putumayo, donde el crudo es un motor clave de la economía local, la decisión ecuatoriana equivale a una asfixia operativa. Si no se logra una salida negociada en el corto plazo, el choque podría traducirse en menor actividad, caída en ingresos regionales y mayor presión social en una de las zonas más sensibles del país.
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