La Fiscalía General de la Nación presentó una imputación formal contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades relacionadas con el sobrepaso de los límites legales de financiación electoral y posibles actos de tráfico de influencias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por tal motivo, varios dirigentes políticos han solicitado su renuncia, asegurando que la presencia de Roa podría ocasionar un daño reputacional y administrativo considerable a Ecopetrol.
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De hecho, Caracol Radio reveló que el Gobierno evalúa la posibilidad de reemplazar a Ricardo Roa. Según detalló el citado medio, desde la Casa de Nariño han contactado a distintas personas para consultar su interés en integrar una terna de candidatos a la presidencia de la compañía.
Entre los nombres que están siendo analizados, según Caracol Radio, figuran Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol; Luis Eduardo Parra, presidente de Hocol; y Edwin Palma, ministro de Minas.
Según Caracol Radio, en tres semanas se definirá si Ricardo Roa continuará o no en la presidencia de la compañía petrolera.
Infobae Colombia consultó con Ecopetrol sobre esta información, y desde la compañía indicaron que no existe ninguna información al respecto.
Se espera que en Ecopetrol se realice una junta, en la que los miembros recibirán información sobre la situación de la compañía desde la perspectiva del impacto reputacional, según informó Caracol Radio. El objetivo del encuentro es presentar un análisis sobre cómo los acontecimientos recientes han afectado la imagen de la empresa.
De acuerdo con Caracol Radio, el análisis estará a cargo de firmas consultoras externas y analistas internos de Ecopetrol, quienes evaluarán y expondrán sus conclusiones sobre el alcance reputacional de estos hechos.
Renuncia de Ricardo Roa
Juan David León, abogado de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó el 10 de febrero de 2026 que su defendido no tiene intención de dejar el cargo, a pesar de la imputación de cargos presentada por la Fiscalía General de la Nación, relacionada con supuesto tráfico de influencias y presunta violación de los límites de gasto en la campaña presidencial de 2022. León aseguró que esta acción judicial carece de sustento y que Roa aún dispone de tiempo para ejercer su defensa ante las acusaciones.
En entrevista con La FM, el abogado señaló que el proceso penal apenas inicia y que no resulta procedente tomar decisiones apresuradas, ya que aún existe la posibilidad de demostrar que no se cometieron delitos.
Indicó que hasta ahora la defensa no ha recibido una notificación formal sobre la imputación y que, en este contexto, debe preservarse la presunción de inocencia de Roa.
El representante legal indicó que la eventual renuncia del presidente de Ecopetrol es un asunto que se analiza en el gobierno corporativo y que, según las conversaciones mantenidas, no se prevé que Roa abandone su posición. León enfatizó que, en su opinión profesional, su cliente no debería dimitir.
Respecto a las acusaciones sobre la campaña de Gustavo Petro en 2022, León descartó cualquier responsabilidad de Roa en la supuesta transgresión de topes electorales, pese a que este se desempeñó como gerente de campaña en ese periodo. El abogado afirmó que los recursos de la campaña se gestionaron siguiendo protocolos y manuales que buscaban prevenir irregularidades y que todas las actividades estuvieron debidamente organizadas.
León también insistió en la disposición de Roa para colaborar con las autoridades y aportar pruebas que respalden su inocencia. Reiteró que el funcionario está dispuesto a explicar sus actuaciones tanto en el ámbito personal como profesional y a responder a cualquier inquietud dentro de los canales institucionales.
Según la investigación adelanatada por el ente acusatorio, Ricardo Roa fue acusado por dos casos en particular: violación de topes electorales y tráfico de influencias.
En el primer caso, el expediente da cuenta de que la campaña presidencial superó el límite en 5.300 millones de pesos, con 3.700 millones correspondientes a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda.
En paralelo, la investigación identifica un posible tráfico de influencias relacionado con Juan Guillermo Mancera, quien resultó adjudicado con un contrato por parte de Ecopetrol tras haber participado previamente en la venta del apartamento a Roa.
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