“Era el eje fundamental de nuestra familia, en especial de mi señora madre... era como una hermana para nosotros, una hija para mi mamá”, expresó Jorge Luis Lizcano al recordar a Kira, la perra Akita japonés de 10 años que acompañó a su madre durante una enfermedad y que, hasta el miércoles 11 de febrero, llenaba de sentido el hogar.
La muerte de Kira sacudió no solo a esta familia en Kennedy, sur de Bogotá, también a la opinión pública, que hoy exige esclarecer la responsabilidad del conductor de la camioneta adscrita al Ministerio de Educación Nacional involucrada en el atropellamiento.
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El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., cuando la tranquilidad de la casa de los Lizcano fue interrumpida por los gritos de la madre de Jorge. Al bajar, el afectado se encontró con una escena devastadora: Kira agonizaba en la calle mientras el vehículo responsable se alejaba sin detenerse.
“Yo le pregunté a mi mamá: ‘¿qué pasó?’. Me dice que un carro pasó y se fue”, relató Jorge con la voz quebrada a Noticias Caracol. El reclamo de la familia no se limita a la pérdida de su perra, sino a la ausencia de auxilio y humanidad del conductor, que, según denuncian, no mostró intención de detenerse ni ofrecer ayuda.
La exigencia de justicia y el vacío emocional
Para Jorge, la omisión del conductor representa un acto inexcusable. “¿Por qué no paró? ¿Por qué no se bajó del carro así hubiéramos tenido el 100% de la culpa?”, cuestionó con indignación, subrayando que el vehículo involucrado es de alta gama y cuenta con sistemas de alerta para prevenir accidentes.
“Si es mala persona con los animales, es mala con un ser humano”, sentenció, convencido de que la indiferencia del conductor podría tener consecuencias igual de graves si la víctima hubiera sido un niño o un adulto mayor.
La familia rechazó los señalamientos que califican a Kira como “raza peligrosa” y recalcó su papel terapéutico y afectivo: “Era una perra de acompañamiento... fue como esa vitamina que le volvió a dar la vida a mi mamá cuando estuvo enferma”.
Para los Lizcano, la búsqueda de justicia no persigue un fin material, sino simbólico y jurídico. “No queremos carros, casas ni dinero. Queremos justicia por los que no tienen voz”, enfatizó Jorge, que espera que el caso siente un precedente sobre la responsabilidad de los conductores y la protección de animales en el país.
Respuesta institucional y proceso en curso
El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el vehículo involucrado pertenece a la entidad y manifestó que “acompaña el profundo dolor que vive la familia”. La institución señaló que el caso está bajo investigación y que se adelanta el debido proceso para establecer responsabilidades.
Valentina Vásquez, secretaria general del Ministerio, indicó al mismo noticiero que el conductor ya entregó su versión de los hechos, afirmando que no vio a Kira al momento del incidente y que “también es una persona que se encuentra bastante afectada por la situación”.
Vásquez explicó que, una vez conocida la situación, el Ministerio contactó a la familia y reiteró el compromiso de abordar el caso de forma integral. Por ahora, la entidad reiteró que no puede emitir conclusiones hasta que finalicen las indagaciones. Mientras tanto, la familia, con el apoyo del Instituto Distrital de Protección Animal, inició un proceso legal cuyo eje es la exigencia de verdad y reparación simbólica.
Un debate nacional sobre la protección animal y la ley Huellas Vivas
El caso de Kira reabre la discusión sobre el deber de cuidado en el espacio público y la responsabilidad frente a los seres sintientes. Para Jorge y su familia, el llamado es claro: “Queremos dejar un precedente”, insistió, convencido de que la muerte de Kira no puede reducirse a un accidente más.
Este siniestro ocurre en un contexto legislativo sensible, marcado por la propuesta de la llamada “ley Huellas Vivas”. Este proyecto busca llenar un vacío en Colombia respecto a la atención de animales heridos en accidentes de tránsito, proponiendo que el Soat cubra gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de siniestros viales que involucren animales.
Aunque no equipara jurídicamente a los animales con las personas, la iniciativa garantizaría una respuesta estatal ante estas emergencias. Según la Ley 2455 de 2025, la muerte de un animal por dolo puede acarrear hasta 98 meses de prisión. Las autoridades investigan si el conductor actuó de manera intencional, lo que podría derivar en consecuencias penales.
Kira fue velada y despedida por quienes la consideraban un miembro más de la familia.
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