
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero y el cobro de rescates.
Este fenómeno, evidente en principales ciudades como Medellín, y la región del Valle de Aburrá y el Parque Lleras, ha crecido desde 2021 y desafía los mecanismos de control del Estado, aprovechando el anonimato y la velocidad que permiten los sistemas digitales, sumados a la falta de regulación efectiva.
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La posibilidad de utilizar criptomonedas ha facilitado a estos grupos el movimiento de grandes sumas obtenidas de actividades como el narcotráfico y la extorsión, sin el riesgo y la exposición que implica el transporte físico de efectivo, según una investigación adelantada por El Colombiano. Las transacciones se concretan en segundos y escapan al rastreo de los bancos tradicionales, favoreciendo la dispersión y ocultamiento del dinero ilícito.
Un ejemplo de este modus operandi es el secuestro del influenciador Roberto Felipe Mejía Caicedo, ocurrido entre el 17 y el 19 de enero de 2024 en Envigado. Sus captores, miembros de los de La Oficina, exigieron más de $3.000 millones en criptomonedas como condición para su liberación. Durante su cautiverio, Mejía Caicedo entregó 184.000 dólares (equivalentes a $670 millones) en monedas digitales antes de ser rescatado.

La exigencia de rescates a través de criptomonedas se ha extendido a otras estructuras criminales con el fin de evadir los controles bancarios y hacer más compleja la identificación de autores intelectuales y materiales. Estas operaciones emplean cuentas digitales, mezcladores y testaferros, dispersando los fondos y dificultando cualquier intento de rastreo.
Las criptomonedas como Bitcoin y las denominadas monedas digitales estables —con valor ligado al dólar— permiten movimientos internacionales inmediatos, costos operativos más bajos y la evasión del proceso de verificación de identidad exigido por las plataformas centralizadas. Esto posibilita que los recursos circulen a través de plataformas descentralizadas y acaben en manos de colaboradores, tanto dentro como fuera de Colombia.
“El dinero del narcotráfico o de la extorsión se convierte en Bitcoin o Stablecoins (como USDT) en cuestión de segundos, saltándose los radares de los bancos locales. Esto permite que las estructuras puedan intercambiar fácilmente las cripto por efectivo”, señaló un investigador de la Fiscalía en diálogo con el mencionado medio.
Sin embargo, la utilización de monedas digitales también implica riesgos para los delincuentes. Al optar por plataformas poco reguladas, pueden perder gran parte de los fondos por comisiones elevadas o volatilidad extrema, riesgo mitigado solo parcialmente en opciones como Usdt, que mantienen paridad con el dólar.
En algunos casos, al intentar blanquear cifras cercanas al 1 millón de dólares, es posible recuperar menos del 30% del monto inicial, lo que lleva a muchos grupos a diversificar sus esquemas.

“Antes distribuían la droga en Estados Unidos y personas que venden en las calles te enían que recoger este dinero en efectivo y los debían mandar, en efectivo, primero a México y luego a Colombia, lo que hacía todo muy dispendioso y riesgoso por la cantidad de billetes, con las criptomonedas aparecieron métodos que les permitían mover ese dinero en segundos y sin tener que salir de Estados Unidos”, señaló Nicolás Vásquez, economista y fundador de El Diario del Banquero, en diálogo con El Colombiano.
Diversas organizaciones, entre ellas La Oficina, Los Pesebreros, Los Chatas, La Terraza y Caicedo, replicaron esquemas adoptados por mafias en México, que a su vez aprendieron de redes de China y han colaborado con actores en Alemania e Italia. El intercambio de conocimientos y la eficiencia de transferencias han permitido la expansión de estos negocios hacia la web oscura, alcanzando mercados de América y Europa.
“Ahora no les entregan morrales con dinero, sino que les abren cuentas y les dicen que les consignaron una cierta cantidad de dinero a través de criptomonedas. Luego lo que hacen es que sacan su porción y mandan lo restante a una cuenta que llaman mezclador y de ahí el dinero llega a las cuentas de las estructuras”, explicó Vásquez al diario nacional.
Paralelamente, los grupos criminales exploran otras rutas para movilizar recursos ilícitos. Una táctica frecuente es la compra de mercancía de contrabando —principalmente procedente de China—, pagada con criptomonedas y distribuida luego en mercados locales. El uso de plataformas web para adultos también ha surgido como mecanismo para transferir y disimular fondos en operaciones de compra y venta de contenidos.
A pesar del auge digital, el cambio ilegal de divisas continúa activo, especialmente en zonas turísticas como el Parque Lleras, en Medellín. Bares, casinos y otros locales han sido objeto de requisas y decomisos recientes, en los que se incautaron más de 110.000 dólares en efectivo.

Las autoridades tributarias, especialmente la Dian, han impuesto multas millonarias y decomisos tras constatar operaciones no autorizadas. Aunque la ley exige realizar cambios a través de intermediarios oficiales, la práctica informal persiste, facilitada por locales frecuentados por extranjeros.
“En algunos casinos y bares le cobran al extranjero en dólares y hasta ahí todo está normal. El problema es que muchos de estos establecimientos se prestan para hacer cambio de dólares y euros sin contar con la autorización y esto se termina prestando para lavar grandes cantidades de dinero”, señaló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, en diálogo con El Colombiano.
Enfrentar el blanqueo de capitales mediante criptomonedas y el control sobre el cambio de divisas representa un desafío creciente para el marco normativo colombiano.
“Ellos siempre buscan innovar y buscar la manera más eficiente de limpiar sus recursos. Sin embargo, nosotros no cesamos en nuestra lucha para atacarlos y golpearlos por uno de los puntos que más les duele, sus recursos”, complementó el secretario.
La legislación actual resulta insuficiente frente a la agilidad y el anonimato de las redes criminales, contexto que explotan tanto organizaciones locales como internacionales. Entidades como la DEA y Europol han reforzado la cooperación ante estos flujos, mientras las autoridades nacionales concentran sus esfuerzos en los puntos más vulnerables del esquema económico informal.
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