La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, generó un pronunciamiento público de su defensa, que expresó preocupaciones sobre el debido proceso, la circulación de versiones en medios y la continuidad de actuaciones dentro de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El abogado defensor Alejandro Carranza sostuvo que, en cualquier proceso penal, la actuación debe comenzar con la notificación formal a la defensa y no con la difusión anticipada de anuncios de imputación. Según indicó, la posterior retirada de esos anuncios por falta de pruebas impacta la presunción de inocencia y la confianza en la objetividad de la investigación.
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Carranza también afirmó que cuando los anuncios de imputación se hacen públicos y posteriormente se retiran por insuficiencia probatoria, se generan efectos sobre garantías fundamentales. En ese sentido expresó: “Cuando anuncios de imputación aparecen públicamente y luego se retiran por insuficiencia probatoria, se afecta la presunción de inocencia y se debilita la confianza en la objetividad de la investigación”.
De acuerdo con su pronunciamiento, la Fiscalía retiró la imputación debido a la falta de pruebas sólidas y a la necesidad de trasladar la investigación a un grupo de tareas especiales. Sin embargo, manifestó inquietud porque, tras una recusación sustentada en dudas sobre la competencia y objetividad de la fiscal 295, esa misma funcionaria fue integrada al equipo creado para continuar el caso. Sobre este punto indicó que surge el cuestionamiento de por qué sigue participando en la investigación y por qué fue vinculada al grupo diseñado precisamente para evitar abusos.
La defensa añadió que desde el inicio ha actuado dentro de los canales institucionales, solicitando claridad sobre competencias, respeto por la contradicción y garantías para la defensa técnica. En su mensaje señaló: “Lo único que pedimos es que la acción penal se lleve a cabo con la objetividad y neutralidad que la Constitución exige a la Fiscalía, para que sus responsabilidades no se conviertan en herramientas útiles para las campañas políticas actuales”.
Asimismo, concluyó su pronunciamiento con una referencia al contexto electoral: “En época electoral, el país necesita investigaciones serias, no juicios paralelos. La verdad se establece en los expedientes y ante los jueces, no en titulares sensacionalistas”.
Retiro de la imputación de cargos
El proceso se originó cuando la fiscal encargada del caso propuso imputar cargos contra Rodríguez por el presunto delito de prevaricato por omisión, al considerar que habrían existido fallas en su deber de garantizar la seguridad del precandidato presidencial.
Posteriormente, las directivas de la Fiscalía ordenaron retirar la solicitud de imputación, lo que representó un cambio en la orientación de la investigación. Fuentes internas del ente acusador señalaron que la decisión obedeció principalmente a la falta de elementos materiales probatorios suficientes y a la intención de evitar que distintas dependencias adelantaran investigaciones paralelas sobre los mismos hechos.
Tras el retiro de la imputación, la Fiscalía conformó un grupo de tareas especiales para esclarecer el asesinato de Uribe Turbay. Según un documento citado por Semana, la fiscal que inicialmente impulsó la imputación fue incorporada a este equipo con el propósito de aportar su conocimiento del caso y socializar información relevante para la denominada noticia criminal.
Directivos del organismo reiteraron al medio que los fiscales no deben avanzar en procesos penales sin contar con pruebas suficientes que permitan sostener una inferencia razonable sobre la posible responsabilidad de los implicados, en particular cuando se trata de funcionarios que ocupan cargos relacionados con la protección de liderazgos amenazados.
La evolución de la investigación continúa bajo la coordinación del grupo especial designado, mientras la defensa del director de la UNP mantiene sus cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la objetividad en las actuaciones adelantadas por el ente acusador.
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