Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”

Por medio de una carta dirigida al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre las consecuencias negativas derivadas de varias medidas anunciadas por el mandatario electo, cuya administración comenzará el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, algunos de los cambios que el jefe de Estado entrante podrían agravar la situación de derechos humanos en el país, sobre todo, si esas medidas se adoptan desde el primer día de gobierno sin evaluar sus efectos constitucionales, institucionales y territoriales.

“Si bien el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, algunas de las propuestas que se han conocido a través de diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos en un contexto que ya es crítico en esta materia. Esta situación merece especial atención porque se ha anunciado que algunas de estas decisiones serán adoptadas desde el primer día de gobierno”, detalló la funcionaria en un video publicado en sus redes.

En la misiva que envió al mandatario electo, la defensora pidió abrir un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo durante los primeros días del nuevo mandato. El objetivo de esta propuesta, según explicó, es examinar los riesgos, presentar recomendaciones y establecer mecanismos de seguimiento antes de que se materialicen decisiones sobre seguridad, protesta social, paz, pueblos étnicos, educación, ambiente y política migratoria.

Una de las advertencias de Marín se centra en el ejercicio del periodismo. Indicó que el presidente y su gabinete pueden controvertir informaciones públicas o pedir aclaraciones, pero no definir quién ejerce legítimamente el oficio. La observación surgió después de que, según la carta, De la Espriella distinguiera entre periodistas auténticos y “activistas”, una diferencia que la defensora consideró riesgosa para la libertad de prensa, de expresión y de información.

Sobre protesta social, la funcionaria cuestión el anuncio del Gobierno entrante de derogar el Decreto 003 de 2021 y regresar al modelo del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) para contener disturbios. La defensora recordó que esa norma fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, aseguró que se redujeron los niveles de violencia imputables a la fuerza pública en la contención de manifestaciones gracias a las medidas que se han implementado hasta el momento.

Marín también se refirió a la oposición política. Afirmó que durante el proceso electoral (Presidencia de la República) que se vivió en Colombia verificó episodios de polarización extrema, violencia simbólica, estigmatización y difamación entre campañas. En ese sentido, advirtió que cualquier asociación entre la oposición y la violencia peuede derivar en un incremento de riesgos para quienes no están de acuerdo con la administración entrante.

Asimismo, objetó la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco Rodríguez. Señaló que en publicaciones que hizo en su momento el funcionario designado en redes sociales se evidencian expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores opositores.

“Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz”, indicó.

Cambios en paz y fumigación

Otro de los puntos centrales del documento es la reestructuración anunciada por el Gobierno electo que eliminaría la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de instancias que hoy lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP –bajo el argumento de la necesidad de tener un Estado austero–.

Marín reconoció que el presidente tiene facultades para organizar la Rama Ejecutiva como considere oportuno, pero aclaró que desacelerar o suspender la implementación del acuerdo sería “desaconsejable” en términos constitucionales y de seguridad regional.

“El Acuerdo es una política de Estado cuyo cumplimiento integral y de buena fe constituye una obligación constitucional para todas las autoridades, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017″, recordó.

Otro bloque de preocupaciones de la defensora del Pueblo apunta a la extracción de recursos naturales y a la erradicación de cultivos de uso ilícito. La funcionaria criticó la posible reanudación de la fumigación aérea con “bioherbicidas de última generación”, la implementación de una reforma al licenciamiento ambiental, la consulta previa y el retorno de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos.

Frente a esas medidas, pidió respetar los derechos de participación y consulta previa de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Además, solicitó que se informe públicamente cuáles serían las sustancias utilizadas en operaciones de aspersión aérea.

Asimimso, Marín pidió que la política exterior y consular del nuevo Gobierno priorice la protección de los colombianos que residen fuera del país. Indicó que miles de connacionales enfrentan xenofobia, discriminación, detenciones, deportaciones y otras vulneraciones.

“Señor Presidente electo, estas observaciones buscan prevenir retrocesos y contribuir a que las decisiones iniciales de su Gobierno gocen de la legitimidad necesaria dada por nuestro marco constitucional”, explicó.