Interceptaciones telefónicas demostrarían que Abelardo de la Espriella le habría pedido millones a directivos de DMG para tramitar una ley en el Congreso

El caso que involucra a Abelardo de la Espriella, que presuntamente habría solicitado $760 millones para influir en la actuación de congresistas colombianos, adquirió una renovada dimensión tras la reciente entrevista de David Murcia Guzmán, líder de DMG, así como por la existencia de extensas interceptaciones telefónicas judiciales.

El tema, que gira en torno a una gestión destinada a frenar un proyecto de ley que penalizaba el almacenamiento y transporte de efectivo, está respaldado por grabaciones entregadas a la justicia de Estados Unidos, donde también fueron procesados Murcia Guzmán, William Suárez y Margarita Pabón.

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Según extractos publicados por El Espectador en 2009, investigadores judiciales presentaron pruebas ante el tribunal que incluyeron un seguimiento realizado el 30 de octubre de 2008, acompañado de fotografías de una camioneta de DMG supuestamente dirigida a la oficina de De la Espriella en la Zona Rosa de Bogotá.

Esta documentación formó parte del material recolectado durante los 14 meses de interceptaciones legales ordenadas sobre comunicaciones de integrantes del grupo.

Las grabaciones de 40 mil horas de duración, conservadas en archivos judiciales colombianos, contienen diálogos donde miembros de DMG discuten la petición económica atribuida a De la Espriella y la vinculan al Congreso de la República.

En una de estas llamadas, Lina María Rodríguez, encargada del área contable, le informó a William Suárez, considerado el segundo al mando del entramado de DMG, que existía el requerimiento para el pago, así como la finalidad de modificar legislaciones. En la conversación registrada se escucha:

— “Y me dijo que mañana Abelardo tiene que… tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”, manifestó Lina María Rodríguez, a lo que William Suárez respondió: “¿Cuánto?”. Ella precisó: “760 porque tiene que modificar unas cosas que van a hacer [...] unas leyes al interior del Congreso”.

El contenido de las interceptaciones coincide con lo expresado por Murcia Guzmán en la entrevista en la que señala que su entonces abogado pidió “760 millones de pesos para ‘tocar congresistas’”. En otro tramo del material judicial, Rodríguez indica a Suárez que el desembolso fue autorizado:

— Lina Rodríguez: “Listo, señor. Que sí autorizó los 760”.

A lo largo de las comunicaciones, también se evidencia la instrucción para ejecutar el pago. Suárez ordena a Sandra Daza, tesorera de DMG en Bogotá, que realice la transferencia correspondiente:

— William Suárez: “Hay un pago que hay que hacer aquí del Doctor La Espriella [...] De 760”.

— Sandra Daza: “Sí”

— William Suárez: “De 760”

— Sandra Daza: “¿760?”, según lo reportado por el periodista Daniel Coronell.

El cúmulo de pruebas documentales y la coincidencia en testimonios refuerzan los señalamientos sobre la presunta intervención de De la Espriella en actividades orientadas a influir decisiones legislativas, según la información difundida por El Espectador y las pruebas presentadas judicialmente.

Comisión de Disciplina Judicial recibe demanda de David Murcia contra su exabogado Abelardo de la Espriella

David Murcia Guzmán presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella, su antiguo abogado y actual candidato, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Murcia, conocido por ser el creador de DMG y que cumple una condena de 30 años de prisión, acusó a De la Espriella de deslealtad profesional y de no devolverle 5 mil millones de pesos entregados en efectivo como honorarios tras haber abandonado su defensa.

Según Daniel Coronell, la denuncia señala que el letrado habría incurrido en violaciones éticas y ocultado intereses particulares durante el proceso.

En declaraciones que conforman el último tramo de esta controversia, la actual abogada de Murcia, Sondra Macollins, resaltó: “Cobró una suma exorbitante por la defensa, lo abandonó de manera injustificada pero no hubo una verdadera representación ni una devolución de esos honorarios”.

Además, Macollins respondió sobre un posible trasfondo político en la presentación de la queja ante la Comisión. Afirmó: “La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética del derecho”.

Esta jurista cobró notoriedad en 2025 durante su precandidatura presidencial, cuando asumió la defensa de Carlos Lehder, exnarcotraficante del Cartel de Medellín y uno de los primeros colombianos extraditados a Estados Unidos.

Murcia fundamentó su demanda en que De la Espriella habría omitido notificarle sobre ciertos intereses personales y guardó silencio ante supuestas irregularidades en el operativo de captura, situación que, sostiene, perjudicó directamente su defensa.

Adicionalmente, la acusación sostiene que, pese a retirarse injustificadamente del caso, el abogado nunca entregó los 5 mil millones de pesos asignados originalmente como honorarios.

El caso DMG marcó un hito mediático y judicial en Colombia. Durante el juicio contra Murcia, la Fiscalía presentó una grabación que involucraba a un socio de la pirámide, que aseguraba haber entregado $760 millones a De la Espriella con la finalidad de hacer lobby en el Congreso. El abogado admitió la recepción de esa suma, pero argumentó que correspondía exclusivamente a sus honorarios.

Entre 2006 y 2008, DMG configuró la mayor piramide jamás vista en Colombia, con Murcia Guzmán convertido tanto en figura popular entre sus seguidores —que lo defendieron por haberles proporcionado solvencia económica— como en blanco del gobierno de Álvaro Uribe, que lo acusó de lavado de activos.