Directora de la Unidad para las Víctimas respondió regaño de Petro en el Consejo de Ministros y defendió contrato de $71.000 millones

La directora de la Unidad para las Víctimas, Alix Dunieka Aguilar, respondió al llamado de atención que le hizo el presidente Gustavo Petro durante el más reciente Consejo de Ministros en Córdoba y defendió la legalidad del contrato por $71.000 millones que hoy está bajo cuestionamiento.

La polémica se desató el martes 10 de febrero, apenas diez minutos después de iniciado el Consejo de Ministros, cuando el mandatario preguntó de manera enfática por la ausencia de la funcionaria. “¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas?... Hermano, esto no puede ser así”, dijo el presidente.

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Además, solicitó investigar las razones de su inasistencia y pidió un informe detallado sobre su gestión.

En diálogo con el medio El Tiempo, Aguilar explicó que su ausencia se debió a un error de comunicación interna. Aseguró que lleva entre diez y quince días en el cargo y que la invitación formal no le fue remitida.

“El Presidente había convocado a las entidades pero como yo solamente llevo entre diez y quince días en el cargo, por un error de comunicación la invitación formal al consejo de ministros no me llegó”, afirmó.

La directora sostuvo que, una vez tuvo conocimiento del requerimiento, viajó a Córdoba, aunque llegó cuando el encuentro ya había finalizado. Posteriormente, dijo, sostuvo reuniones con víctimas del conflicto afectadas por la ola invernal en el departamento.

Más allá del incidente protocolario, el foco del debate se centró en el contrato por $71.000 millones adjudicado de manera directa a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), organización que ya había sido cuestionada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

El contrato fue firmado el 23 de enero de 2022, antes de la entrada en vigor de la ley de garantías electorales. Su objeto contempla la adquisición, transporte y entrega de bienes alimenticios y no alimenticios para población en riesgo o víctimas del conflicto armado en distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales y territorios étnicos.

Las críticas apuntan a la modalidad de contratación directa, pues tratándose de suministros, la ley exige en principio procesos competitivos. Además, no está claro el número exacto de beneficiarios que recibirán las ayudas contempladas en el acuerdo.

Los cuestionamientos se centran en que el acuerdo fue suscrito mediante contratación directa, pese a que, al involucrar entrega de bienes, la normativa generalmente establece la realización de procesos con competencia entre oferentes. A esto se suma la falta de claridad sobre cuántas personas serán finalmente beneficiadas con las ayudas previstas.

Ante esas críticas, Aguilar sostuvo al medio citado que el contrato no puede reducirse a la simple provisión de productos. Señaló que se trata de un esquema de atención integral que incluye identificación de afectados, concertación con las comunidades y contacto directo con las víctimas, especialmente cuando se trata de pueblos étnicos.

La funcionaria también defendió que no es posible fijar con anticipación una cifra exacta de beneficiarios, debido a que las crisis humanitarias varían a lo largo del año. Planteó que no se puede anticipar cuántas personas serán desplazadas o quedarán confinadas por situaciones de violencia o emergencias.

Por ello, indicó que la Unidad dispone de un presupuesto global para responder a contingencias, cuya ejecución depende del alcance y la gravedad de los hechos que se presenten.

La controversia se amplió con la denuncia presentada por el entonces secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ante la Fiscalía. De acuerdo con lo reportado, entre 2018 y enero de 2025, Aldesarrollo y otras dos entidades habrían acumulado contratos públicos por más de $1,3 billones en diferentes regiones del país, lo que motivó la solicitud de investigar una posible concertación para alterar la competencia en procesos de contratación.

Aldesarrollo ha manifestado que actuará bajo la figura de la subcontratación en la ejecución del contrato. Sin embargo, persisten dudas sobre la transparencia del proceso y la trazabilidad de los recursos destinados a población vulnerable.

Durante el mismo consejo de ministros, el presidente Petro también planteó inquietudes sobre la hacienda Támesis, en Montería, un predio que perteneció a los hermanos Castaño y que fue entregado en 2022 a 50 familias de víctimas. El mandatario preguntó por la presencia de “ganado de extraños” en la propiedad.

Aguilar aclaró que el ganado hace parte de un proyecto productivo impulsado por la asociación de víctimas que actualmente ocupa el predio.

“En la hacienda sí hay ganado, eso es verdad, pero hace parte de un proyecto productivo de la asociación que en este momento está ocupando el predio. No es de un tercero o de un extraño, es un proyecto relativamente nuevo y quizás el Presidente no tenía la información completa”, explicó.