Arquitecto asegura que solución a la emergencia por las lluvias en Córdoba está impresa en el billete de $20.000: “Los zenúes observaron los ciclos del agua”

Las inundaciones en Córdoba y otros siete departamentos del norte de Colombia entre enero y febrero de 2026 han desencadenado una emergencia social, económica y ecológica, conforme al decreto presidencial publicado el 11 de febrero.

Mientras la atención nacional se concentra en las cifras de damnificados y los daños materiales, un influencer y arquitecto ha suscitado debate al afirmar que “la clave para enfrentar estas crisis ya está en el billete de 20 mil pesos”, donde se representa el sistema hidráulico ancestral de los zenúes, de acuerdo con Rutopía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Córdoba se inunda hoy, pero en el billete de veinte mil aparece la forma de manejar estas crecientes... Los zenúes observaron los ciclos del agua durante generaciones y construyeron canales, jarillones y camellones para manejar inundaciones y sequías”, explicó en declaraciones recogidas por Rutopía.

El sistema hidráulico ancestral zenú, que aparece representado en la moneda nacional, se basa en el principio de adaptarse al río y observar la naturaleza, en vez de buscar controlar el agua de manera rígida.

Rutopía detalla que los zenúes desarrollaron, hace más de dos mil años, una red compleja de canales, camellones y jarillones que facilitaba la expansión y el drenaje en épocas lluviosas, además de preservar la humedad en temporadas secas. La estrategia consistía en aprender de los ciclos del río Sinú y evitar grandes obras inflexibles.

La relación con el agua se transformó con el tiempo. La urbanización de humedales y zonas inundables, junto con infraestructuras contemporáneas como la represa de Urrá, operativa desde el año 2000, modificaron el equilibrio hídrico.

Aunque la presa prometía mitigar inundaciones y generar energía, alteró las ciénagas, afectó la pesca y transformó la vida alrededor del río Sinú. Las advertencias pronunciadas por comunidades indígenas al anunciar el cierre del río no fueron tomadas en cuenta, según líderes citados por el medio.

Sobre esto, por ejemplo, el 6 de febrero del 2026, el periodista ambiental y meteorologo Max Henriquez, explicó en sus redes sociales que: “La base de datos de desastres de Colombia registró decenas de inundaciones del Sinú, especialmente antes de la construcción de Urrá. Era el río que más se desbordaba en Colombia. Urrá causó un impacto brutal en la naturaleza de la zona, pero controló las inundaciones, sin duda”.

Actualmente, los espacios que antes servían como áreas de amortiguamiento, humedales, ciénagas y otras zonas naturales, han desaparecido por drenaje, relleno o urbanización.

Esta pérdida fuerza al agua a circular entre viviendas y carreteras, aumentando la vulnerabilidad social y ambiental. “La prioridad es la gente. Pero ayudar también es entender. Las inundaciones tienen causa... No es un castigo ni mala suerte, es hidrología y decisiones humanas sobre el territorio”, afirma Rutopía.

El contraste entre la ingeniería ancestral y la gestión moderna hace visible el dilema de fondo: transitar de un modelo de adaptación y comprensión del agua a uno de control, mediante presas y urbanización, ha aumentado el riesgo para las comunidades actuales.

Analistas y activistas insisten en que desconocer los saberes ancestrales y la lógica hidrológica del río ha agravado la crisis en la región Caribe.

Tanto las cifras reflejadas en el decreto presidencial como las reflexiones señaladas por Rutopía apuntan a la necesidad de restablecer una gestión hídrica que respete los ciclos naturales y el conocimiento de quienes aprendieron a convivir con el río.

Por su parte, la declaratoria desde presidencia otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias durante treinta días para movilizar recursos y adoptar medidas excepcionales en las zonas afectadas: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Más de 687.198 personas están en riesgo de afectación directa, según el Decreto 0150 firmado por la Presidencia de la República. El balance oficial, a corte del 11 de febrero, incluye 69.235 familias y 252.233 personas ya damnificadas, diez fallecidos, daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 destruidas, la interrupción de 111 vías y perjuicios en numerosos acueductos, escuelas y centros de salud, según el mismo documento.

El origen inmediato de la catástrofe, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue la llegada anómala de un frente frío, potenciada por un jet subtropical y la interacción de sistemas atmosféricos.

Esto provocó lluvias intensas, vientos y oleajes que saturaron los suelos y desbordaron cuerpos de agua. La precipitación acumulada en la región Caribe superó entre el 130% y el 180% del promedio habitual para febrero. Embalses como Urrá y Playas excedieron el 103% de su capacidad, requiriendo descargas urgentes para proteger a las poblaciones río abajo, según reportes oficiales.

La infraestructura, así como la producción agrícola y ganadera, sufrieron efectos sin precedentes recientes: vías y puentes quedaron destruidos y se retrasó la reactivación económica y académica.

El Gobierno enfatizó en el decreto que la capacidad de respuesta se ha visto ampliamente superada y alertó sobre una probabilidad superior al 50% de sequía para la segunda mitad del año, lo cual aumentaría el estrés sobre el sector eléctrico y la economía regional.