Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Eduardo Caro Herrera por el asesinato y desmembramiento de su jefe en un taller de carpintería en Sibaté, Cundinamarca.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la disputa entre ambos hombres comenzó por el pago incompleto de un trabajo contratado, desencadenando una secuencia de violencia extrema que terminó con el homicidio y el posterior abandono del cuerpo en una zona rural de Soacha.
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Según la investigación adelantada por el ente acusatorio, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 17 de diciembre de 2025, donde revelaron que una discusión relacionada con la elaboración pendiente de unas puertas y el pago parcial de ese encargo fue el detonante.
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La situación, que inició como una confrontación verbal, escaló rápidamente: el agresor atacó a la víctima con un objeto contundente y un cuchillo, según precisó la Fiscalía durante la imputación de cargos.
El ente acusador describió cómo, una vez perpetrado el crimen, Caro Herrera descuartizó a su jefe utilizando herramientas del propio taller.
Posteriormente, dispuso las extremidades inferiores en una bolsa y las transportó hasta la vereda Alto del Cabra, en Soacha, donde las abandonó. Durante las audiencias de medida de aseguramiento, el organismo judicial explicó que el procesado pretendía deshacerse de la evidencia y eludir la acción de la justicia.
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El hallazgo de los restos ocurrió el 18 de diciembre, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima atado, envuelto en una cobija y dentro de una bolsa plástica, según informó la Fiscalía. La escena provocó conmoción entre los vecinos y condujo a una operación de allanamiento a cargo de la Policía Nacional, que concluyó con la detención de Caro Herrera en la capital colombiana.
Durante la investigación del caso, la Fiscalía reveló que Caro Herrera también se apoderó de varios bienes de la víctima, incluidos una motocicleta, dinero en efectivo, un teléfono celular, un morral con herramientas y objetos personales. El ahora detenido habría vendido estos artículos en Bogotá tras abandonar los restos.
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El proceso judicial avanzó de manera expedita porque Caro Herrera aceptó su responsabilidad por los delitos imputados fueron homicidio agravado y hurto calificado de forma libre y voluntaria ante el juez de control de garantías.
A prisión padre e hijos acusados del homicidio de un joven en Soacha
De otro lado, tres integrantes de una familia —un padre y sus dos hijos— permanecerán en una cárcel en Bogotá tras ser acusados por el homicidio de un joven en el municipio de Soacha (Cundinamarca), cometido durante una confrontación derivada de una deuda por servicios mecánicos de motocicleta.
La víctima, Santiago Torres de Ossa, de 19 años, falleció en abril de 2025 en su vivienda del conjunto residencial Terra Grande del municipio cercano a Bogotá.
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Los informes de la Fiscalía revelan que John Jairo Medina Molina y sus hijos, Jhoan Esteban y Andrés Fabián Medina Sendales, acudieron directamente al domicilio de Torres de Ossa para reclamarle 60.000 pesos correspondientes a una reparación mecánica. La discusión inicial, marcada por intercambios verbales, escaló repentinamente a violencia física.
Los agresores, de acuerdo con el reporte oficial, emplearon armas cortopunzantes con las que infligieron heridas graves a la víctima en el brazo derecho y el pecho. Santiago Torres de Ossa fue trasladado al hospital, pero llegó sin signos vitales, confirmando su fallecimiento minutos después.
Durante la audiencia de imputación, los tres señalados no admitieron los cargos. Pese a ello, el juez de control de garantías dictó la medida de aseguramiento intramural al considerar válidos los elementos presentados por la Fiscalía para justificar su reclusión preventiva.
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El fallo judicial tiene como telón de fondo la reiteración de la Fiscalía Seccional Cundinamarca sobre su compromiso para esclarecer el caso y garantizar justicia para la familia de la víctima. Las investigaciones, detallan los documentos oficiales, permitieron la identificación y captura de los presuntos responsables, quienes deberán responder por su actuación en el homicidio.
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