Defensa de Sandra Liliana Ortiz solicitó preclusión del cargo por tráfico de influencias en caso de corrupción en la Ungrd

Durante la reanudación de las audiencias preparatorias en el proceso contra la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova, acusada de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó este miércoles 11 de febrero de 2026 una solicitud inesperada por parte de la defensa.

El abogado Mauricio Camacho Fernández, representante legal de Ortiz Nova, planteó ante la jueza la necesidad de precluir el cargo de tráfico de influencias.

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Argumentó que, tanto en la imputación de cargos como en la acusación formal, la Fiscalía General habría realizado modificaciones sustanciales a los hechos en que se basa la acusación.

Según afirmó Camacho, “los hechos mencionados no ocurrieron” como sostiene el ente investigador, por lo que no existiría base probatoria suficiente para mantener el proceso por ese delito.

La petición fue rechazada de inmediato por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas acreditadas, quienes manifestaron que la solicitud carece de fundamento legal.

Las partes acusadoras sostienen que no se cumplen los requisitos jurídicos necesarios para acceder a la preclusión solicitada por la defensa de la exfuncionaria.

Ahora, la decisión queda en manos de la jueza octava especializada de Bogotá, quien deberá analizar los argumentos y determinar si corresponde o no cerrar el proceso respecto al cargo de tráfico de influencias.

La audiencia decisiva se celebrará el próximo 4 de marzo de 2026, cuando se conocerá la postura definitiva del despacho judicial frente a la controversia.

El caso de Ortiz Nova, que involucra presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos para la atención de emergencias, continúa generando atención nacional en medio de las investigaciones sobre corrupción en entidades estatales.

Bonilla y Velasco: magistrados analizan si continúan privados de libertad tras escándalo en la Ungrd e Invías

La revisión de la medida de aseguramiento impuesta a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez está en manos de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si los exfuncionarios podrán enfrentar el proceso judicial en libertad.

La ponencia, tras un reparto marcado por la negativa de seis despachos iniciales debido a conflictos de competencia entre los magistrados Catalina Guerrero Rosas y Ramiro Riaño, recayó en Alma Gertrudis Chamat.

Chamat, designada como ponente, deberá analizar los argumentos y presentar su informe a los magistrados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Juntos decidirán si Bonilla y Velasco continuarán privados de libertad o si podrán defenderse en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia asuma el juicio.

Las defensas de ambos exministros han solicitado, de manera subsidiaria, que en caso de no otorgarles la libertad inmediata, se conceda la detención domiciliaria.

Los abogados argumentan que la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, habría excedido sus funciones al ordenar la reclusión en centros carcelarios, decisión que, según la apelación, no fue solicitada ni por la Fiscalía General ni por las víctimas. Añaden que la medida carecía de fundamento suficiente y que se vulneró el derecho a una defensa justa.

Rosero Baquero rechazó los planteamientos de la defensa, afirmando que las pruebas presentadas por la Fiscalía superan el umbral de inferencia razonable, señalando delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Entre los elementos probatorios figuran los testimonios de Olmedo López y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla.

Ambos exministros están vinculados al escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Actualmente, Bonilla permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, y Velasco en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.

La investigación señala que Bonilla y Velasco, exministros de Hacienda y del Interior, respectivamente, habrían manipulado recursos públicos y direccionado contratos a cambio de favores políticos.

La Fiscalía acusa a Bonilla de facilitar transferencias por más de $92.000 millones y manipular 79 contratos, mientras que a Velasco lo señala por coordinar la compra de votos en el Congreso y favorecer empresas recomendadas por políticos.