Las lluvias persistentes e inesperadas de las últimas semanas transformaron por completo el panorama hídrico del país. Varios de los principales embalses alcanzaron niveles críticos de almacenamiento, una situación poco frecuente que obligó a activar protocolos de seguridad y a realizar descargas controladas para evitar riesgos estructurales.
El fenómeno, lejos de pasar desapercibido, reavivó un debate nacional sobre la gestión del recurso hídrico y la operación del sistema eléctrico.
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De acuerdo con reportes del operador del mercado energético XM, hoy hay represas que ya tocaron su tope técnico o están a escasos puntos de hacerlo. En total, nueve de los 24 embalses que aportan a la generación hidroeléctrica superan el 90% de su capacidad, mientras que tres se encuentran prácticamente llenos. Entre ellos figuran proyectos estratégicos ubicados en Antioquia y el Valle del Cauca, regiones que han recibido volúmenes de lluvia muy por encima de sus promedios históricos.
Las cifras y detalles de este comportamiento hidrológico extremo fueron revelados inicialmente por La República, que documentó cómo algunos reservorios pasaron en cuestión de meses de niveles preocupantemente bajos a registros sin precedentes, impulsados por precipitaciones intensas y continuas.
Urrá, el caso más extremo del país
El ejemplo más contundente de esta situación se vive en Córdoba, en el embalse de Urrá. Tras cerrar abril de 2024 con apenas poco más de 30% de llenado, la represa experimentó un incremento acelerado que la llevó a superar el 100% de su capacidad a comienzos de febrero de este año. En algunos días puntuales, incluso se alcanzaron picos cercanos al 109%, algo nunca antes registrado para este proyecto.
La administración de Urrá explicó que el comportamiento del río no tiene precedentes para un mes de febrero. Según la empresa, los aportes de agua diarios superaron con creces los máximos históricos conocidos, lo que obligó a incrementar las descargas hacia el río Sinú como una medida estrictamente preventiva. El objetivo, señalan, fue proteger la integridad de la presa y reducir cualquier amenaza para las comunidades ubicadas aguas abajo.
El aumento de los vertimientos, sin embargo, no pasó inadvertido para el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro cuestionó con dureza estas decisiones y aseguró que permitir embalses al tope y luego liberar grandes volúmenes de agua tiene consecuencias ambientales y sociales graves. Desde su perspectiva, los campesinos y habitantes ribereños terminan pagando los costos de un manejo que, según él, responde a intereses económicos del sector energético.
“Todo vertimiento que se hace desde Urrá sobre el río Sinú y sobre los campesinos es la prolongación de un crimen ambiental. Tuvieron embalses llenos y energía prácticamente gratuita, pero no la usaron para bajar los precios. En cambio, contrataron generación a gas, diez veces más costosa, y ahora descargan el agua contra la vida del campesinado”.
Las empresas generadoras rechazan ese señalamiento. Argumentan que, cuando un embalse se acerca a su límite, la descarga no es una opción sino una obligación técnica. Mantener el agua por encima de los rangos de seguridad pondría en riesgo la infraestructura y podría derivar en emergencias mucho más severas. Además, enfatizan que liberar agua significa renunciar a generar energía, lo que se traduce en pérdidas económicas directas.
Un país con embalses llenos
Aunque el Caribe lidera los niveles de almacenamiento, el mapa hidrológico del país muestra contrastes marcados. En las regiones Centro y Oriente, los embalses no superan el 75% de llenado y concentran los dos reservorios con menores volúmenes de agua del sistema. Expertos del sector energético recuerdan que cada embalse tiene capacidades distintas y responde a condiciones geográficas, climáticas y operativas particulares.
Pese a esas diferencias, la preocupación es generalizada. Los pronósticos el Ideam indican que las lluvias extraordinarias podrían mantenerse durante buena parte del primer trimestre del año, lo que aumentaría la presión sobre represas que ya están al límite. En ese escenario, los vertimientos preventivos podrían volverse más frecuentes, no por decisión discrecional, sino como una respuesta inevitable a un fenómeno climático que hoy tiene a los embalses del país, literalmente, rebosados.
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