El próximo 9 de marzo de 2026 está prevista una audiencia clave en el proceso de extradición contra Zulma Guzmán en Londres. La empresaria colombiana es acusada de ser la autora intelectual de envenenar a dos niñas con unas frambuesas con talio en abril de 2025.
En marzo de este año, Guzmán deberá comparecer nuevamente ante un juez, quien revisará la legalidad de su detención y confirmará su identidad de acuerdo con los protocolos de la justicia británica.
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La comparecencia forma parte de un calendario judicial riguroso que marca el avance del caso. Tras su captura en el Reino Unido bajo una circular roja de Interpol, Guzmán permanece detenida en la cárcel HMP Bronzefield, a la espera de que se resuelva su situación legal.
En la diligencia del día del 9 de febrero, la empresaria intervino en forma virtual durante 6 minutos, limitándose a identificarse y a escuchar los pronunciamientos de la corte. La defensa estuvo representada por el abogado James Escalcar, mientras que el representante legal de la familia de una de las víctimas, Raja Khan, estuvo presente en la sala.
El proceso judicial contempla nuevos pasos tras la audiencia de marzo. Antes del 30 de marzo, la Fiscalía deberá entregar los documentos formales de acusación, mientras que la defensa contará con plazo hasta el 15 de junio para presentar su paquete probatorio, que incluirá evidencias técnicas y peritajes.
El 19 de junio se celebrará una audiencia de verificación documental, para constatar que ambas partes han cumplido con la entrega de la información exigida por la corte. Avanzando hacia septiembre, el tribunal analizará el estado general del expediente en una nueva revisión, y a finales de octubre se realizará una última diligencia administrativa antes de la audiencia principal.
La siguiente fase del proceso se desarrollará entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026 en la Westminster Magistrates’ Court. Allí se debatirán a fondo los argumentos presentados por la Fiscalía de Colombia y la defensa de Guzmán. El juez, sin la participación de un jurado, será el encargado de tomar la decisión sobre la extradición.
Además, según informó la Fiscalía, no hay un mecanismo de extradición exprés con el Reino Unido que además examina varios factores antes de pronunciarse sobre la entrega de Guzmán, entre ellos el estado de salud mental de la detenida y el posible impacto que podría tener su traslado a un sistema penitenciario distinto, considerado cuestionado en Colombia.
Las autoridades colombianas han manifestado su esfuerzo por mejorar las condiciones carcelarias, con especial atención en los centros femeninos, y han abierto un diálogo con sus pares británicos para abordar estas inquietudes.
La decisión sobre la extradición quedará en manos de un juez, sin participación de jurado, y podría conocerse entre una y dos semanas después de la audiencia principal. En caso de inconformidad, tanto la defensa como la Fiscalía podrán apelar ante instancias superiores, lo que podría extender el proceso hasta dos años.
En el plano penal, las autoridades colombianas analizan la posibilidad de imputar cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio, debido a la calidad de las víctimas y la gravedad de los hechos. La Fiscalía evalúa si la imputación puede realizarse incluso sin la presencia física de Guzmán, considerando los riesgos de que esto se interprete como presión indebida sobre la procesada.
El expediente se sigue robusteciendo con nuevas pruebas, entre ellas el análisis de la información telefónica recuperada por las autoridades británicas tras la aprehensión de Guzmán. Además, se mantiene la coordinación para obtener la respuesta a la carta rogatoria enviada, lo que permitirá acceder a más elementos probatorios relevantes para la investigación.
Mientras tanto, Guzmán permanecerá en prisión preventiva en el Reino Unido, bajo vigilancia judicial y en medio de un proceso seguido de cerca tanto por la opinión pública como por los sistemas de justicia de ambos países. La extradición, de concretarse, solo se materializará tras un examen minucioso de todos los factores legales, médicos y penitenciarios que rodean el caso.
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