La intensificación de la vigilancia estatal sobre los precios provocó una reacción inmediata en Colombia, en especial, ante el ajuste del salario mínimo para 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una serie de requerimientos a las empresas para conocer sus criterios de fijación de precios, encendiendo la alarma en el sector privado.
La entidad comunicó que examinará a las compañías que eleven los precios de bienes y servicios sin justificación, con lo que recordó que si bien hay libertad económica y de competencia, la ley impide la fijación de precios excesivos o concertaciones que alteren la competencia.
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Según las directrices, el propósito declarado es “proteger a los consumidores” y asegurarse de que cualquier incremento esté fundado en criterios objetivos. La medida se acompaña de advertencias sobre sanciones a prácticas como publicidad engañosa, imposición de cláusulas abusivas e incumplimiento de garantías. En sectores como la vivienda, desde 2024 se exige que los precios sean publicados y comercializados en pesos colombianos. Dicha exigencia busca favorecer la transparencia y resguardar a los consumidores de posibles abusos.
El giro de la autoridad estatal generó rechazo en el empresariado. Por ejemplo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó que “sin duda, este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales. Pretenden convertir a la Superintendencia de Industria y Comercio en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función”.
Cabal instó al Ejecutivo a atender los preceptos constitucionales. “Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, insistió el dirigente gremial.
Cuestionamientos a la SIC
Ahora se sumaron declaraciones más contundentes que provinieron del exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, exviceministro de Justicia. El también abogado cuestionó de manera abierta los requerimientos de la entidad.
“Dirigieron comunicaciones a una cantidad importante de empresarios preguntándoles lo habido y por haber, lo divino y lo humano, en cuanto a la forma en que establecen los precios de sus productos con el fin de verificar cosas que ni siquiera están dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio”, expuso.
Abuso de poder
El exfuncionario fue categórico en su valoración. “Eso obviamente es un abuso de poder de los funcionarios de la Superintendencia”, dijo. Remarcó la ausencia de antecedentes para este tipo de procedimientos. “Ese tipo de comunicaciones jamás fueron enviadas por ningún superintendente ni por ningún delegado de protección al consumidor en ningún momento de la historia”, remarcó.
Para Robledo, la inquietud de los empresarios está plenamente justificada. “Razón tienen los empresarios de Colombia en estar molestos y en estar bastante aterrados por la actitud de la Superintendencia de inmiscuirse en aquellos asuntos que son del resorte exclusivo de los empresarios, como sus estructuras de costos, la forma en que establecen el precio de sus productos en el mercado, la forma en que lo venden, el margen, la utilidad, etcétera”.
Advirtió que estos aspectos no corresponden con normalidad a la competencia de la autoridad supervisora. “No son aspectos que en términos generales puedan interesarle a la Superintendencia, porque repito, eso no es tratado a ninguna función específica de la Superintendencia de Industria y Comercio y los empleados públicos solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les ha permitido hacer”.
Efecto de las nuevas políticas
El efecto de las nuevas políticas, según el exsuperintendente, puede sentirse entre los empresarios colombianos. Consideran que la medida implica riesgos para la autonomía y la libertad de empresa, así como la sospecha de una “estrategia más de persecución empresarial” desde la entidad de supervisión estatal.
En sectores como vivienda, las empresas están obligadas a ajustar los precios en pesos colombianos, comunicar la información de forma transparente y evitar prácticas como la publicidad engañosa o la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. La autoridad sostiene que esta regulación es fundamental para garantizar el cumplimiento de garantías y proteger a los consumidores, aunque estas exigencias suponen una carga adicional y mayor escrutinio para los actores privados.
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