Víctimas de las extintas Farc solicitaron la apertura de un incidente de verificación del régimen de condicionalidad al exsecretariado por supuestos incumplimientos relacionados con la reparación materia.
Según reveló Semana, el pedido fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el abogado Bernardo Henao Jaramillo, en representación de Martha Dolores López de Vargas, Jorge Enrique Vargas Garzón, Viviane Arlette Vargas López e Yvinne Natalia Vargas López, todas reconocidas como víctimas de hechos atribuidos a la antigua guerrilla, entre ellos el atentado al Club El Nogal.
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La solicitud señala que los comparecientes, antiguos miembros del secretariado de las Farc, habrían incumplido de forma grave y prolongada sus obligaciones de reparación, en especial la entrega efectiva de bienes para la indemnización de las víctimas.
El documento, citado por Semana, refiere que existen inconsistencias detectadas por organismos de control, lo que ha dificultado la materialización de las medidas de reparación.
Entre los informes tomados como referencia, figura una alerta reciente de la Contraloría General de la República, que reportó la entrega de dólares falsificados y una cantidad de inmuebles y bienes inferior a la comprometida en el acuerdo de paz.
Según el texto presentado ante la JEP, “el mismo seguimiento institucional divulgado señala que existen faltantes significativos para financiar el componente de reparación derivado de decisiones tempranas de la propia jurisdicción, situación que se agrava si los bienes reportados por los comparecientes no son localizables, transferibles o monetizables”.
El abogado Henao Jaramillo argumentó que la situación expone a las víctimas a una revictimización, dado el impacto real de la falta de reparación material.
Además, sostuvo que la ausencia de avances tras varios años compromete la buena fe exigida en procesos de justicia transicional. El documento enfatiza que “la justicia transicional no puede sostenerse sobre un estándar de indulgencia indefinida frente al incumplimiento de obligaciones esenciales. La reparación material no es decorativa y el deber de contribuir con bienes reales para reparar a las víctimas constituye un mínimo ético y jurídico que condiciona la permanencia en el sistema”.
Las víctimas solicitaron que se tomen como pruebas los reportes emitidos por entidades como la Contraloría, en los que se detallan los supuestos incumplimientos.
También pidieron la adopción de medidas de verificación judicial, incluyendo requerimientos formales a los comparecientes y a las entidades involucradas, con el fin de determinar con precisión el inventario, la entrega efectiva, la localización y la monetización de los bienes destinados a la reparación.
El escrito concluye solicitando que se garantice la participación efectiva de las víctimas en el trámite y que, una vez finalizado este proceso, la JEP adopte decisiones de fondo, entre las que podría figurar la pérdida de beneficios para los exintegrantes del secretariado de las Farc, así como otras consecuencias derivadas del presunto incumplimiento.
¿Qué dice el informe de la Contraloría?
El informe del organismo estableció que solo un inmueble había sido transferido de manera efectiva de los 722 reportados por el antiguo grupo armado. En cuanto al dinero, el Estado colombiano recibió únicamente 2.114 millones de pesos de los más de 12.070 millones acordados, lo que representó apenas el 17% del compromiso económico contemplado en el Acuerdo de Paz.
La Contraloría verificó que, de los 450.000 dólares prometidos por las Farc, 1.500 dólares eran falsos. Además, aunque la antigua guerrilla declaró cientos de bienes, los avances concretos en la entrega de propiedades, tierras y activos resultaron mínimos.
El informe también señaló que solo se habían entregado 252.000 gramos de oro de los 440.000 pactados. Respecto a las cabezas de ganado, únicamente se recibieron 258 de las 24.000 comprometidas.
En cuanto a bienes muebles, el Estado recibió 1.830 de los 51.992 acordados y, sobre los medios de transporte, solo se entregaron 31 unidades de las 319 reportadas. La falta de verificación por parte de la Sociedad de Activos Especiales y la ineficiencia administrativa de los gobiernos anteriores aumentaron la incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional.
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