La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su solicitud al Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, para que aporte recursos económicos adicionales con el fin de continuar la excavación y búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, un lugar emblemático situado en la Comuna 13 de Medellín.
La financiación actual, respaldada principalmente por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, solo garantiza la continuidad de las labores hasta mediados o finales de agosto, según reportes del tribunal de paz.
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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que aún queda una cantidad significativa de escombros por remover, lo que demanda un apoyo financiero urgente por parte del Gobierno nacional.
“Es enorme lo que hay que mover de escombros (…) es fundamental que el Gobierno nacional apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible”, expresó el magistrado en declaraciones a los medios de comunicación.
A su vez, el dirigente de la JEP explicó que la entidad proporciona los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín asume el bienestar de las víctimas y suministra la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.
Entre tanto, la Gobernación de Antioquia ha garantizado temporalmente fondos para que la búsqueda continúe, aunque la demanda de recursos permanece elevada. Mientras tanto, el aporte estatal ha sido insuficiente de acuerdo con los voceros de la jurisdicción.
Ramelli detalló que, aunque no tiene conocimiento sobre la cifra exacta frente a los dineros que tiene que destinar el Gobierno de Gustavo Petro, enfatizó en que se requieren más de 120.000 millones en total para el proceso, de los cuales, el Ejecutivo ha dado menos de la mitad (50.000 millones de pesos).
“Mi llamado siempre ha sido al Gobierno nacional para que se sume porque hasta el momento solamente ha sido la Alcaldía de Medellín”, agregó el presidente de la JEP.
Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez sostuvo en diálogo con El Espectador que la maquinaria retomará las operaciones a mediados del mes de febrero de 2026 y los recursos están asegurados únicamente hasta agosto del año en curso.
La JEP y sus aliados gestionan actualmente apoyos ante entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el objetivo de garantizar continuidad financiera.
Este último organismo participa también en el proceso de memorialización de La Escombrera, que ha avanzado en su desarrollo.
Hasta el momento, han sido recuperados siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el sector de la capital antioqueña, un proceso que inició desde diciembre de 2024,un hecho que ha generado diferentes reacciones en varios sectores en el país.
Balance presupuestal de la JEP
En 2025, la JEP alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 99,3%, según datos del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Ese año, la jurisdicción recibió 777.069 millones de pesos, origen del Presupuesto General de la Nación, de los cuales 588.211 millones de pesos fueron para su funcionamiento y $188.858 millones para proyectos de inversión, respectivamente.
Estas asignaciones permitieron, entre otras acciones, asegurar representación judicial a 6.555 víctimas, acreditar a 2.063 víctimas individuales y 55 colectivos, realizar 99 jornadas de acreditación y celebrar más de 235 audiencias públicas, según el informe de la cartera citado por El Espectador.
En el ámbito internacional, la JEP enfrenta un recorte temporal de los fondos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el apoyo de la Unión Europea se mantiene, y otros países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia también han aportado a los esfuerzos de la jurisdicción.
Además, la Corte Penal Internacional realizará una visita en el año en curso para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por Colombia.
El sostenimiento de la labor de la JEP y la búsqueda de desaparecidos dependen tanto del esfuerzo interno como de la cooperación internacional, factores clave para el avance de la justicia transicional en el país.
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