Cielo Rusinque expuso los motivos detrás de la indagación a 50 empresas sobre estructura de costos: “Regular no es intervenir”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de Cielo Rusinque, informó sobre la decisión de requerir datos detallados de la estructura de costos, criterios de descuentos y procesos logísticos a 50 grandes empresas que operan en Colombia, entre ellas Panamericana, Totto y Tiendas Olímpica.

La medida, según explicó la funcionaria, responde a acciones rutinarias y ordinarias que forman parte de las competencias legales del organismo. Sin embargo, la solicitud generó una intensa reacción por parte de los gremios empresariales, que la calificaron de arbitraria y la consideraron una intromisión indebida en la autonomía empresarial.

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Rusinque afirmó que estas actuaciones tienen el propósito de garantizar que el mercado y la libertad económica se orienten hacia el bien común y la protección efectiva de los derechos del consumidor.

De acuerdo con la funcionaria, la SIC recibió múltiples quejas de ciudadanos inconformes con “promociones engañosas que prometen grandes descuentos, liquidaciones irrepetibles o incrementos de precios que no se corresponden con la dinámica de un mercado competitivo y que deterioran el poder adquisitivo”.

Reacción gremial y comparaciones internacionales

Tras el anuncio, el Consejo Gremial y otros representantes del sector empresarial expresaron preocupación. La presidenta del Consejo Gremial sostuvo que la medida genera “pánico” y distorsiona la naturaleza de la investigación. Algunos voceros llegaron a comparar la actuación de la SIC con la normativa venezolana de 2011 sobre control de precios, alegando un posible riesgo de intervención estatal en la fijación de precios.

Frente a estas afirmaciones, Rusinque rechazó las analogías y sostuvo que la medida colombiana es “puntual, limitada a productos y periodos específicos y dirigida a sectores estratégicos”, sin constituir “un registro permanente ni una política de control generalizada”.

Precisó que los requerimientos de información no buscan intervenir decisiones empresariales legítimas ni restringir la libertad para fijar precios, sino obtener insumos para evaluar prácticas que puedan afectar a los consumidores y a la competencia.

La visión de la SIC: regular no es intervenir

La superintendente subrayó que el enfoque de la entidad permanece alineado con los principios del Estado Social de Derecho y la protección de la libre competencia. “Desde la SIC siempre obraremos con decencia y estricto respeto a los mandatos legales”, enfatizó. Según la funcionaria, la supervisión pública cumple una función de equilibrio frente a fenómenos como el abuso de posición de mercado, la asimetría de información y el uso de tecnologías que pueden condicionar las decisiones del consumidor.

En su publicación realizada en la mañana del domingo 8 de febrero, Rusinque mencionó: “Los requerimientos de información de la Superintendencia no buscan intervenir decisiones legítimas, ni limitar la libertad para fijar precios”. Reiteró que estas solicitudes se dirigen únicamente a una muestra de productos y empresas específicas, dentro de un universo de casi dos millones de firmas activas en el país.

Antecedentes y contexto de la medida

La controversia se intensificó cuando varios exsuperintendentes y analistas criticaron la iniciativa, argumentando que la SIC excedía sus facultades. Algunos exfuncionarios negaron que durante sus mandatos se hubieran realizado pedidos similares de información sobre costos y precios.

No obstante, Rusinque presentó ejemplos de requerimientos efectuados en gestiones anteriores, especialmente durante la pandemia de covid 19, periodo en el que se solicitó información detallada sobre costos y descuentos a empresas que comercializaban insumos esenciales.

La funcionaria recordó que la ley faculta a la Superintendencia para investigar posibles prácticas anticompetitivas y precios inequitativos, así como para vigilar la publicidad engañosa. Citó modificaciones a la circular única de la entidad que refuerzan el control sobre el precio ofertado y el costo de los productos para proteger a los consumidores.

El debate sobre la teoría económica y la función de la SIC

En respuesta a críticas sobre una supuesta falta de fundamento técnico, Rusinque sostuvo que la labor de la SIC no se limita a los modelos teóricos de competencia perfecta, y argumentó que el análisis de la formación de precios exige comprender las realidades de mercados complejos. “La labor de la Superintendencia comienza donde los supuestos de la microeconomía elemental dejan de explicar la realidad”, afirmó la funcionaria.

La superintendente enfatizó que el objetivo de la SIC es “garantizar el bienestar de los consumidores, la eficiencia de los mercados, la libre y leal competencia y la democratización de un modelo de economía social de mercado”. Insistió en que la libertad económica no implica impunidad ni inmunidad frente a la protección del bien común.

Finalmente, la entidad invitó a los sectores empresariales y a la opinión pública a fundamentar el debate en el análisis riguroso de los hechos y la normativa vigente. De acuerdo con la superintendente, la SIC continuará empleando los mecanismos legales a su disposición para indagar sobre precios y estructuras de costos cuando existan indicios de prácticas que puedan perjudicar a los consumidores o afectar la competencia.