Millones de deudores y dueños de pequeños negocios se verán beneficiados con cambios en la ley de insolvencia

Miles de pensionados que tienen descuentos automáticos en salud, comercios y servicios financieros, así como los trabajadores con créditos de libranza y pequeños comerciantes han enfrentado durante años la dificultad de cubrir sus gastos, con cobros constantes y salarios o mesadas que se agotan antes de finalizar el mes.

La normativa anterior los excluía del proceso de insolvencia, lo que impedía encontrar una salida legal para sus compromisos económicos. Aunque la situación cambió con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que reformó el régimen de insolvencia para personas naturales y facilitó el acceso a este mecanismo.

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El resultado fue un crecimiento visible en aquellos que emplearon este mecanismo, pues en 2024, se reportaron 10.459 personas insolventes. En 2025, la cifra alcanzó 18.743, lo que representa el mayor incremento histórico. Y en el inicio de 2026, solo en enero, se presentaron 1.550 solicitudes, un 28% más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la principal inquietud es si el beneficio aplica para cada caso y cómo iniciar el proceso, por lo que debe tener en cuenta que la insolvencia no opera de forma automática y tampoco exige trámites imposibles. Es necesario demostrar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y presentar documentación básica sobre la situación financiera.

El proceso requiere cinco pasos:

• Explicar los motivos de la incapacidad de pago.
• Listar todas las deudas pendientes.
• Informar los ingresos actuales
• Detallar los bienes registrados a nombre propio.
• Presentar una propuesta de pago acorde con la capacidad financiera real.

La solicitud debe presentarse ante un centro de conciliación autorizado o una notaría con conciliadores habilitados en insolvencia. Estos servicios suelen estar disponibles en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios y algunas notarías. No todos los lugares están avalados para este trámite, por lo que resulta fundamental verificar antes de acudir.

“Una vez se radica la solicitud, el conciliador revisa si todo está en orden. Si falta algo, da un plazo corto para corregirlo. Si se cumplen los requisitos, el proceso es admitido y el alivio se siente desde ese instante”, explicó Vanessa Méndez Farfán, abogada y asesora de deudores de Mendez y Mendez Abogados.

Según Méndez, desde el momento de la admisión se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como la congelación de cuentas bancarias.

En este punto, aquellos que cuentan con créditos de libranza (pensionados, docentes, militares o trabajadores con descuentos automáticos) pueden solicitar la suspensión de esos descuentos cuando existan otras deudas adicionales: “Esta decisión ya no depende del banco: es el empleador o el fondo de pensiones quien debe suspenderlos. Si no lo hacen, pueden estar obligados a devolver el dinero descontado”, aclaró.

Pequeños comerciantes: requisitos y oportunidades

Actualmente, pueden acogerse a la insolvencia quienes, aun teniendo negocio o matrícula mercantil, no poseen bienes por más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (excluyendo vivienda y vehículo de uso personal). Este requisito se demuestra con los avalúos de los recibos de impuesto predial o del vehículo.

Desde la admisión, los pequeños comerciantes pueden frenar procesos de cobro, interrumpir demandas y detener embargos. En el caso de los vehículos, aquellos que no han sido inmovilizados, se puede suspender la captura, aunque si fue incautado antes del proceso, no aplica para la devolución.

Tiempos, costos y efectos sobre las deudas

• La revisión inicial suele tardar hasta tres días hábiles. Tras la admisión, la negociación con los acreedores puede extenderse hasta 60 días o más en casos complejos.
• Durante este periodo, las deudas se mantienen, pero pueden renegociarse en cuanto a plazos, cuotas y condiciones, de acuerdo con la capacidad real de pago.
• No existe una tarifa única para el proceso. Los costos varían según el centro de conciliación o la notaría. Desconfíe de promesas de soluciones inmediatas o gratuitas.
• El impacto en la vida crediticia es relevante para la decisión final. Acogerse a la insolvencia puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el corto plazo, especialmente si no existe intención de pago. En cambio, quienes cumplen los acuerdos pueden reconstruir su historial financiero con el tiempo.
• Definir si este mecanismo es aplicable puede ser la diferencia entre perder ingresos mes a mes o recuperar el control de las finanzas personales.