La Federación Nacional de Arroceros sostiene legalidad de proyectos tras informe de la Contraloría

La Contraloría General de la República informó que concluyó la auditoría adelantada al fondo administrado por la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), en la que reportó la existencia de un presunto daño patrimonial y posibles faltas disciplinarias asociadas a la ejecución de recursos.

Según el organismo de control, los hallazgos fiscales superarían los $4.000 millones, relacionados con obras civiles financiadas con dineros del denominado contingente arancelario COL-RICE.

Tras conocerse el anuncio oficial, Fedearroz emitió un pronunciamiento público en el que expuso sus argumentos frente a las observaciones formuladas.

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De acuerdo con la información divulgada por Semana, la federación manifestó que respeta el rol constitucional y legal de la Contraloría como entidad encargada del control fiscal del Estado y reiteró su disposición a colaborar con los procesos de auditoría, seguimiento y entrega de información.

En su comunicación, Fedearroz precisó que el hallazgo fiscal mencionado no corresponde a inversiones realizadas con recursos del Fondo Nacional del Arroz, como se habría interpretado inicialmente. La federación explicó que los recursos observados hacen parte de lo que la Contraloría ha denominado “Contingente Arancelario Col Rice”, el cual se origina en las subastas del arroz proveniente de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países.

Según Fedearroz, estos recursos están regulados por el Decreto 728 de 2012, norma que establece que el desarrollo de dichas actividades debe realizarse a través de una sociedad constituida en Estados Unidos, identificada como Colombia Rice Export Quota Inc. En ese esquema, la Federación Nacional de Arroceros participa como miembro de la sociedad, sin que ello implique la naturaleza pública de los recursos percibidos.

La federación sostuvo que los dineros obtenidos por su participación en esta sociedad extranjera son de carácter privado y que han sido destinados a diferentes proyectos orientados al beneficio del sector arrocero. De acuerdo con lo señalado, estas inversiones han contado, en todos los casos, con el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como lo exige el marco normativo aplicable.

En relación con las observaciones de la Contraloría, Fedearroz afirmó que las inversiones cuestionadas fueron ejecutadas por la federación en su condición de titular legítimo de los recursos, con el propósito de fortalecer la infraestructura necesaria para actividades como el manejo, secamiento, almacenamiento y trilla del arroz. Estas acciones, según el gremio, están directamente relacionadas con la estabilidad de la cadena productiva y con la prestación de servicios a los productores.

La federación agregó que, dentro de los procedimientos utilizados por el Ministerio de Agricultura para otorgar el aval a la destinación de estos recursos, se emplean fichas técnicas y soportes documentales que dejan constancia de su naturaleza privada y de su destinación específica, conforme a los objetivos definidos en el Decreto 728 de 2012. En ese sentido, indicó que la documentación respalda la legalidad de las decisiones adoptadas.

Otro de los puntos abordados por Fedearroz tiene que ver con la planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz ubicada en Valencia, Cesar, mencionada en el informe de la Contraloría. La federación aclaró que esta infraestructura fue construida en el año 2016 con recursos propios de Fedearroz y no con dineros del Fondo Nacional del Arroz.

Asimismo, explicó que parte de los equipos utilizados en dicha planta fueron adquiridos con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y entregados posteriormente en comodato a la federación desde el inicio de la operación. Según Fedearroz, este esquema fue conocido y autorizado por las autoridades competentes.

En su pronunciamiento, la federación enfatizó que los hallazgos comunicados por la Contraloría hacen parte de un proceso administrativo que aún se encuentra en curso y que contempla las etapas legales de contradicción, aclaración y defensa previstas en la normatividad vigente.

Finalmente, Fedearroz señaló que las conclusiones preliminares del organismo de control “no constituyen una decisión definitiva” y anunció que ejercerá plenamente su derecho a la defensa. De acuerdo con lo informado por Semana, la federación buscará demostrar la legalidad de las inversiones, la finalidad sectorial de los proyectos ejecutados y la buena fe con la que, según afirma, se administraron los recursos observados.