El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que no cumplieran con las medidas judiciales para saldar las millonarias deudas que mantienen en crisis a los hospitales de Medellín y del país.
La decisión judicial responde a una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien denunció que la falta de pago por parte de las EPS intervenidas y la Nación estaba vulnerando el derecho fundamental a la salud de millones de pacientes.
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Según el auto conocido este miércoles, el Tribunal Administrativo de Antioquia otorgó un plazo de dos días para que los siguientes funcionarios rindieran cuentas sobre las acciones que están tomando para resolver la crisis:
- Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
- Ministro de Hacienda, Germán Ávila
- Superintendente de Salud, Bernardo Camacho
- Interventores de EPS como Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud
- Director general de la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), Félix León Martínez
El tribunal exigió además que los gerentes de las EPS y funcionarios responsables informaran sus correos institucionales para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
“Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, el Despacho requiere a las accionadas que, en un término de dos días, informen los funcionarios responsables de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada”, indica el auto conocido por El Colombiano.
Deudas disparadas y crisis en los hospitales
La acción popular de Gutiérrez, presentada el 29 de mayo de 2025, denunció que muchos hospitales de Medellín estaban recibiendo pagos por apenas el 6% de los servicios prestados a EPS intervenidas, situación que generó una iliquidez insostenible.
Según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia, la deuda total de las EPS con la red hospitalaria supera los $8 billones, de los cuales $4,9 billones corresponden a EPS intervenidas.
- Nueva EPS: $3,1 billones
- Savia Salud: $1,4 billones
- Coosalud: $395.000 millones
“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. La iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa”, declaró Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia.
El Tribunal había decretado medidas cautelares desde julio de 2025, con un plazo de 30 días para ponerse al día con las deudas, pero el panorama empeoró en lugar de mejorar.
Choques entre gobierno y autoridades locales
Mientras el Tribunal de Antioquia insiste en el cumplimiento de la medida, el Gobierno Nacional ha defendido su gestión, señalando que los pagos se están realizando con normalidad y que la crisis se debe a supuestas prácticas corruptas en el sector salud.
Sin embargo, los argumentos de Gutiérrez y del tribunal apuntan a que la falta de recursos afecta directamente a los pacientes, congestionando las salas de urgencias y poniendo en riesgo el derecho a la salud de millones de colombianos.
“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente”, afirmó el alcalde de Medellín, según El Colombiano.
Incidente de desacato: el siguiente paso judicial
Con el vencimiento del plazo otorgado a los funcionarios y sin evidencia de cumplimiento, el Tribunal de Antioquia ha iniciado formalmente el trámite de incidente de desacato.
Esta medida implica que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades legales directas por el incumplimiento de las órdenes judiciales, mientras los hospitales siguen esperando el pago de los recursos adeudados.
Entre los casos más críticos se encuentra el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos, lo que refleja la magnitud de la crisis que enfrenta la red hospitalaria de Antioquia y del país.
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