El señalado narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanecerá a la espera del inicio de su proceso ante una corte federal.
El acusado planea declararse no culpable frente a los cargos de narcotráfico y delitos transnacionales que se le imputan, de acuerdo con Semana.
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La entrega del criminal, adelantada por orden directa del presidente Gustavo Petro, se realizó bajo un operativo de máxima seguridad coordinado por la Policía colombiana. La Dijín movilizó a 70 funcionarios, incluyendo comandos, agentes de Interpol, operadores de dron y personal motorizado.
La cápsula de traslado utilizó ocho vehículos —cuatro blindados— y contó con respaldo aéreo de un helicóptero, desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la extradición y resaltó que el procedimiento forma parte de un récord histórico de 809 entregas a Estados Unidos durante el gobierno de Gustavo Petro, superando los registros de administraciones anteriores.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, indicó que la decisión de adelantar la entrega respondió a denuncias de intentos de soborno para frenar el proceso.
Durante su traslado, Marín Silva no presentó recursos judiciales para impedir la extradición. Por el contrario, La Fm señala que “quería irse lo más pronto posible porque busca iniciar su negociación con las autoridades estadounidenses”. Se destaca que el narcotraficante posee información clave sobre rutas del narcotráfico y estructuras criminales, especialmente en el Valle del Cauca.
El mismo día de la extradición, la candidata presidencial Vicky Dávila difundió un audio en el que Marín Silva afirma haber entregado dinero al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro.
Según la grabación, el narcotraficante sostiene: “Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”, y asegura que cuentan con videos, audios y consignaciones que probarían los supuestos movimientos ilegales. Además, manifestó: “Las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos”.
Ante estas declaraciones, Juan Fernando Petro negó cualquier vinculación y aseguró que las imágenes difundidas junto al narcotraficante corresponden a un montaje.
Si bien no desempeñaba cargos oficiales dentro del gobierno ni en la campaña presidencial, ha sido identificado como uno de los arquitectos de la política de “paz total” y ha estado relacionado con supuestas ofertas a narcotraficantes y paramilitares presos en el marco del llamado Pacto de la Picota. Hasta el momento, este asunto no ha tenido un desarrollo judicial.
El presidente Gustavo Petro se pronunció inmediatamente tras la difusión del audio. Durante una entrevista con Caracol Radio, afirmó: “Yo hablé con él y eso no existe”, en referencia a su hermano, y añadió: “Si alguien cometió un error, que lo pague. No me hago elegir por asesinos”. La candidata Vicky Dávila solicitó a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el contenido del audio y expresó: “Le entrego al país este audio para que los colombianos lo conozcan y para que las autoridades hagan la debida investigación”.
En Estados Unidos, Pipe Tuluá permanecerá bajo custodia federal mientras se adelantan los procedimientos legales.
La corte de Texas determinará las fechas de las audiencias, y se espera que el acusado, tras su declaración de no culpable, comience su defensa formal frente a los cargos de narcotráfico y delitos transnacionales. Expertos en derecho internacional consideran que este caso podría generar implicaciones significativas para investigaciones sobre narcotráfico en Colombia y la cooperación judicial entre ambos países.
El ministro Sánchez subrayó que la extradición de Marín Silva representa un hito para el gobierno actual, no solo por superar cifras históricas, sino también por demostrar un compromiso firme en la lucha contra el crimen organizado. La operación contó con la coordinación de distintas agencias, incluyendo logística terrestre y aérea, garantizando la seguridad del traslado del acusado hasta el territorio estadounidense.
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