
A la par de la visita protagonizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, a Washington, en donde se encontró el martes 3 de febrero con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, se replicó por parte de congresistas opositores a su Gobierno; entre ellos la representante y candidata al Senado Katherine Miranda, la última actualización de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), en relación con la famosa Lista Clinton.
Aunque se daba por descontado que el encuentro en sí no iba a tener ningún efecto en cuanto a su salida de esta clasificación, el ver su nombre en los registros del organismo norteamericano fue utilizado por Miranda para atacar al jefe de Estado.
La congresista compartió la situación financiera del gobernante, al corte del 30 de enero de 2026, y como se puede observar no ha habido cambios y sigue apareciendo en la base de datos.
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Petro, que fue incluido el 24 de octubre de 2025 en la lista, sigue protagonizando una situación que ha dado pie para todo tipo de análisis. Y no lo hace solo, pues hay miembros de su círculo cercano, como su aún esposa, Verónica Alcocer; su primogénito, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, bajo acusaciones de presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y lavado de activos; pese a que no se han registrado pruebas en su contra.

La medida, como se sabe, representa un bloqueo total de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos y entidades de ese país. Es por ello que existe cierta expectativa por la permanencia de Petro en este listado, pese a que el mismo jefe de Estado se encargó de aclarar que el tema no se mencionó en el encuentro y que, en dado caso, lo que quería es que países como Venezuela salieran de lo que considera esa lista.
Gustavo Petro si habló de su posible salida de la Lista Clinton en el encuentro con Donald Trump
Información conocida por Blu Radio daría cuenta que la posible salida de Petro de los registros negativos de la Ofac sí fue un asunto de conversación entre ambos mandatarios y que de parte del Gobierno estadounidense se analiza la posibilidad de excluirlo de este grupo. No obstante, sería un proceso que empezaría a andar tras efectuarse las elecciones presidenciales en el país y se conozca cuál será su sucesor; es decir, el 21 de junio, tras la segunda vuelta.
La continuidad de Petro en este listad mantiene cierta tensión en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Incluso después de la reciente reunión del mandatario. Y es que aunque hubo señales de distensión, la Ofac no ha modificado el estatus del presidente colombiano de forma inmediata, como tenían ilusión algunos de sus simpatizantes.
Al respecto, la representante a la Cámara Katherine Miranda compartió en redes sociales la consulta directa a la plataforma oficial de la Ofac. “Petro sigue en la Lista Clinton y es difícil su salida después de los audios de un narco que asegura tener pruebas de haber financiado su campaña, dice que las entregará a EEUU (sic)”, expresó la congresista, que relacionó este caso a lo denunciado por la candidata presidencial Vicky Dávila, sobre supuestos nexos con “Pipe Tuluá”.
Para la congresista, la situación de Petro ante el país norteamericano se agravó por nuevas denuncias sobre la presunta financiación ilícita de su campaña presidencial, en 2022. Dávila difundió un audio en el que Andrés Felipe Marín Silva, el conocido cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, asegura haber entregado dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, hermano del presidente; lo que Miranda de inmediato relacionó con el presidente.

“Tengo videos, audios y registros de transferencias que entregaré a las autoridades de Estados Unidos”, afirmó el propio Marín Silva en la grabación revelada por Dávila. Pese a que el círculo de Petro rechazó las acusaciones, calificándolas como una “estrategia de desprestigio”, lo cierto es que ante la duda sembrada, para Miranda es claro que habría motivos para que la permanencia de Petro siga siendo un hecho, por más de que hay un contrato para sacarlo.
Ante esto el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un vínculo por la suma de 10.000 millones de pesos para contratar a la firma Amadeus Consultancy Limited, de la que hace parte el abogado Daniel Kovalik: el mismo que en su momento indicó que lo defendería de manera gratuita. Ante esto, la entidad afirmó que el gasto busca “analizar los impactos de decisiones de gobiernos extranjeros sobre Colombia y defender la institucionalidad del Estado”.
Esta decisión generó cuestionamientos en el país, ya que la sanción —según la propia Ofac— se aplicó de forma individual y no institucional. La firma del convenio motivó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía investiga si el uso de recursos públicos en una defensa de carácter personal podría constituir una falta disciplinaria o peculado, debido a la destinación de recursos para aspectos que serían ajenos a su ejercicio como funcionario.
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