Gobierno Petro puso a temblar a las empresas colombianas por información sobre precios: hay alerta por “horror” e “intimidación”

El Gobierno de Gustavo Petro solicitó por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un informe a las empresas sobre los criterios y métodos utilizados para la fijación de precios, así como la incidencia de la variación de la tasa de cambio en esas decisiones. La medida, dada a conocer el 4 de febrero, generó un clima inmediato de preocupación y debate en el sector empresarial.

Ante este escenario, el mandatario pidió tranquilidad y defendió la transparencia del proceso. “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia por parte del consumidor la estructura de formación de precios del oferente”, escribió en X. De igual manera, resaltó que el objetivo es que las compañías expliquen cómo determinan los valores de sus bienes y servicios en el mercado colombiano. “Que sea público cómo se fijan los precios y los márgenes de ganancia no lesiona a nadie, y solo fortalece la competencia y el acceso del consumidor a la información”, afirmó.

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Asimismo, rechazó la perspectiva de que la transparencia signifique un ataque a la iniciativa privada. “La transparencia solo incomoda a quienes no quieren que se sepa cómo operan los mercados”, escribió.

Por supuesto, surgieron fuertes críticas desde el ámbito jurídico y económico. El exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo cuestionó la medida,

Invasión a la autonomía de las empresas

“Esta petición de información desborda -y de qué manera- las facultades constitucionales y legales de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Robledo considera que la medida invade la autonomía de las empresas y atenta contra la libertad económica. “Es realmente una intromisión en las empresas, la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia económica como columna vertebral de la economía de mercado, que no tiene sustento alguno, ni pies ni cabeza”.

Además, criticó que la entidad se convierta en una “Superintendencia de Precios”. “Están convirtiendo, sin facultad legal, a la SIC en una ‘Superintendencia de Precios’. Eso hicieron en Venezuela. Qué horror”, puntualizó.

A esta visión se sumó el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, que mostró escepticismo sobre el impacto de la intervención estatal desde instrumentos administrativos. “Hay abusos ciertamente, pero a base de circulares gubernamentales poco se podrá esclarecer”, señaló. Cuestionó la capacidad de una entidad central o de las alcaldías para determinar los márgenes de utilidad en millones de comercios.

“¿Se imaginan ustedes a la Superintendencia o a las Alcaldías del país estableciendo los márgenes de utilidad de los millones de negocios que hay en el país?”, ironizó. En el análisis, ve inviable la dirección de una política de precios desde las oficinas estatales. “Es un buen ejemplo de la ceguera gubernamental al creer que desde las oficinas burocráticas se puede orientar una política racional de precios”.

Comparación con el aumento del salario mínimo

Relacionó el debate con el aumento del salario mínimo de 2026. “Que ahora tiene un impasse por el ajuste atolondrado del 23% en el salario mínimo para 2026, que es, óigase bien, 500% superior a la inflación que se registró en 2025”, manifestó el exfuncionario.

Desde el ámbito jurídico, la reconocida abogada Carolina Restrepo Cañavera hizo reparos legales y emitió alertas sobre el efecto económico de la medida. “El Gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, acaba de cruzar una línea que no puede pasarse sin consecuencias: ha solicitado a empresas privadas información confidencial sobre los criterios internos que utilizan para fijar precios, descuentos y márgenes de ganancia”, puntualizó.

Remarcó que la entidad no hace consultas sobre prácticas desleales ni abusos, sino que exige la revelación exhaustiva de la lógica de precios y de la estructura empresarial. “La SIC no está preguntando por prácticas de competencia desleal ni por abusos específicos. Está exigiendo, como si fuera legítimo, que las compañías le entreguen la lógica completa de su formación de precios, incluyendo parámetros técnicos, estructuras de costos, evolución de la tasa de cambio, márgenes mínimos, duración de listas, algoritmos internos y sistemas automatizados de decisión”, apuntó.

Restrepo Cañavera calificó la exigencia como intimidatoria. “Lo llaman supervisión. Es intimidación”. Destacó el respaldo de la reserva comercial en el Artículo 333 de la Constitución, y cuestionó el papel del Estado. “El Estado tiene funciones de inspección y vigilancia, pero no puede, ni debe, entrometerse en la médula del diseño empresarial ni exigir que se revelen estrategias comerciales legítimas bajo amenaza de sanción”, señaló.

Límites legítimos de la regulación

Diferenció los límites legítimos de la regulación: “Una cosa es sancionar conductas que violen la libre competencia. Otra, muy distinta, es fiscalizar preventivamente cuánto gana una empresa, cómo calcula sus márgenes y por qué varía sus precios”. Advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia la judicialización de la rentabilidad. Insistió en que “el Estado, que no ha logrado ejecutar ni el 65% de su presupuesto en inversión, ahora decide que lo urgente es controlar la manera como los privados fijan precios. No para corregir abusos comprobados, sino para, según su lógica, ‘vigilar el comportamiento del mercado’”.

Según la abogada, la vigilancia deja de ser técnica y se transforma en un instrumento de poder. “La vigilancia que se mete con los precios, los márgenes y las fórmulas de cálculo deja de ser técnica. Se convierte en un instrumento de poder”, añadió.

Sospecha hacia la empresa privada

Criticó el ambiente de sospecha hacia la empresa privada. “Este clima de sospecha y señalamiento a la empresa privada como culpable de todo: de la inflación, del hambre, de la pobreza, no solo es injusto. Es económicamente devastador”. Además, cuestionó la ejecución del presupuesto estatal al apuntar que “la pregunta no es cuánto gana el empresario. Es por qué el gobierno, teniendo más de $500 billones en el presupuesto, no logra convertirlos en salud, seguridad y educación”.

Para Restrepo Cañavera, la medida representa un cambio en la función reguladora: “Este no es un episodio menor. Es el ensayo general del control de precios por vía indirecta. Es la preparación del terreno para intervenir el margen de ganancia como si fuera inmoral ganar”. Sostuvo que es el punto de quiebre donde el regulador deja de defender el mercado y empieza a disciplinarlo.

Explicó que la vigilancia estatal puede ir en aumento. “Hoy piden información. Mañana prohibirán subir precios. Y después nos dirán cuánto podemos ganar”. Resumió su diagnóstico en términos contundentes al decir que “esto no es economía. Es miedo”.

Intervenciones indebidas a los mercados

Por último, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, advirtió sobre los riesgos para la libertad de empresa y la orientación económica del país. “Y la libertad de empresa en entredicho!!!”, exclamó. Agregó: “Que tan difícil entender que la estatización y las intervenciones indebidas a los mercados son el peor camino para crecer más y mejorar la dinámica productiva del país”.

Para él, este contexto anticipa un rumbo nuevo y adverso: “¿Nuevo modelo económico en marcha? Nos irá bastante mal”.