Gobierno Petro “dio un paso más hacia la Venezuela chavista”: almacenes y supermercados hicieron fuerte crítica a nueva medida

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) expresó su rechazo a la solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que exige a las empresas en Colombia detallar los métodos para la fijación de precios y explicar los márgenes de ganancia. El presidente del gremio, Jaime Cabal, calificó la medida como un “acto de irresponsabilidad” y advirtió que la intervención estatal en la libertad de empresa implica riesgos graves para el desarrollo económico del país.

El dirigente criticó que la entidad exija a las compañías informar sobre los criterios jurídicos, técnicos y comerciales para fijar precios, así como detallar descuentos y explicar cómo las variables de costo afectan sus productos. Según el gremio, las peticiones constituyen “una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales” y buscan transformar a la entidad en “una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal remarcó que la libertad de empresa está protegida por la Constitución Política y pidió al Gobierno recordar la esencia del artículo 333, que garantiza el derecho a ejercer actividades económicas sin restricciones injustificadas. “Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, afirmó.

De acuerdo con el pronunciamiento, la exigencia de la SIC generaría una carga administrativa que muchos negocios no pueden asumir. “Pretender que un establecimiento comercial desglose la forma en que fija los precios de más de 40.000 referencias es, sencillamente, una exigencia imposible de cumplir”, reiteró el líder gremial.

Precios que cambian a diario

De igual manera, señaló que resulta evidente que los precios de productos perecederos cambian a diario porque la oferta en las centrales mayoristas se modifica de manera constante. Igualmente, explicó que los descuentos, en general, se aplican cuando el inventario es alto, para renovar existencias, en sectores como el de confecciones y calzado.

Cabal cuestionó los fundamentos del Gobierno para impulsar estas medidas al sugerir que hay un desconocimiento de la economía básica. “A las cabezas visibles del Gobierno les vendría bien empaparse, aunque sea mínimamente, de los fundamentos de la teoría económica, en particular de la microeconomía, para no incurrir en la pena de formular solicitudes traídas de los cabellos”, declaró.

Según el gremio, este tipo de intervención puede tener efectos contraproducentes, ya que puede intensificar las presiones inflacionarias y provocar más complicaciones. “Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno, a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía”, señaló el dirigente.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de las amenazas de sanción a las empresas, en especial, con relación al aumento del salario mínimo. “Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no es la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, declaró Cabal.

Fomento de prácticas ilegales

Además, Fenalco alertó que la política de la Superintendencia de Industria y Comercio puede fomentar prácticas ilegales y escasez de productos en el mercado. “Al contrario, pueden profundizar aún más el problema de la inflación porque se podría registrar contrabando y desabastecimiento de las mercancías sometidas a controles administrativos”, añadió el presidente del gremio.

En el análisis, Jaime Cabal recordó experiencias internacionales donde los controles de precios produjeron efectos negativos para la empresa privada y la economía general. “Tratar de detener los efectos inflacionarios del desbordado incremento del salario mínimo a punta de intervenir a las empresas, es algo absolutamente equivocado y que ya dejó secuelas graves en otros países, como el caso de la Venezuela chavista”, indicó.

Políticas para definir los precios

De igual manera, el dirigente gremial enfatizó en que cada sector y cada empresa dispone de políticas internas para definir los precios, que dependen de la dinámica de la oferta y la demanda, no de controles impuestos por las autoridades. Recalcó que la intervención administrativa en la economía no soluciona los problemas, sino que los agrava.

Finalmente, la federación reafirmó su rechazo a la intervención estatal. Señaló que un modelo de control de precios puede conducir a un deterioro social y económico similar al observado en otros países, comprometiendo la prosperidad y la estabilidad en Colombia.