Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

El arranque de 2026 dejó una marca difícil de ignorar en el mapa de la violencia en Colombia. Enero terminó convertido en el mes con más masacres registradas desde 2023, con un saldo que equivale, en promedio, a una muerte cada 12 horas. Detrás de esa cifra hay una secuencia de hechos que, más que aislados, responden a una lógica de control armado que vuelve a ganar terreno en varias regiones del país.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió en Tarso, Antioquia. Para Leonardo González, director de Indepaz, este tipo de hechos no se explican solo como actos de violencia extrema, sino como mensajes dirigidos a comunidades enteras. “Las masacres buscan generar ruido, miedo y terror, y dejar claro que un grupo armado está presente y puede ejercer la violencia con impunidad. Lo ocurrido en Tarso fue un mensaje no solo contra las víctimas, sino contra la Junta de Acción Comunal y la comunidad, una demostración de gobernanza armada en el territorio”, señaló en diálogo con El Espectador.

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Tarso no fue un caso aislado. A lo largo del mes se registraron masacres en Santander de Quilichao (Cauca), San José de Cúcuta (Norte de Santander), en límites entre Remedios y Amalfi (Antioquia), Maicao y Riohacha (La Guajira), Abejorral (Antioquia), Lérida (Tolima), La Gloria (Cesar), Ansermanuevo (Valle del Cauca) y El Retorno (Guaviare). La dispersión geográfica de los hechos refuerza la idea de que la violencia responde a dinámicas estructurales y no a focos puntuales.

Precisamente en El Retorno se produjo la masacre más letal de enero. El 16 de ese mes, 27 personas fueron asesinadas. En un primer momento, se habló de un enfrentamiento entre las disidencias del Estado Mayor Central y el Estado Mayor de los Bloques y Frente. Sin embargo, la Fiscalía descartó esa hipótesis al establecer que varios de los cuerpos presentaban tiros de gracia disparados a corta distancia. Esa evidencia cambió la lectura del hecho y lo ubicó más cerca de una ejecución que de un combate armado.

Para Indepaz, este episodio refleja una estrategia clara de algunos grupos armados. González explicó que, en el caso de Calarcá, el énfasis ha estado puesto en exhibir capacidad militar y control territorial, dejando de lado cualquier señal de compromiso con procesos de diálogo. “Estos hechos siempre van a afectar las mesas de negociación porque pues aunque sabemos que se está negociando con criminales las mesas de negociación parten de una buena voluntad y especialmente de una exigencia por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, al respeto a la población civil. Que se presenten este tipo de hechos pues genera una serie de interrogantes al respecto”, advirtió.

El contexto político añade otra capa de preocupación. La escalada de violencia coincide con la antesala del ciclo electoral y con un escenario de transición de gobierno. “Esto ocurre en un ambiente electoral y también previo a un cambio de gobierno, en el que la mayoría de los grupos armados buscan imponer un orden violento en los territorios y fortalecer su capacidad de guerra”, explicó González en el medio antes mencionado. Ese objetivo pasa por el control de economías ilegales como la minería, la deforestación, el tráfico de personas y la extorsión, actividades que siguen siendo el combustible de la confrontación armada.

El informe Comunidades en medio de la violencia: balance 2025, publicado por Indepaz, pone estas cifras en perspectiva histórica. Entre 2016 y 2025, las masacres se mantuvieron como una expresión persistente de la violencia armada. El punto más crítico se registró en 2020, con 91 masacres y 378 personas asesinadas. Para la organización, ese pico respondió a la reconfiguración de actores armados, la expansión de economías ilegales y el debilitamiento de la presencia estatal en los territorios.

Aunque en 2024 se observó una reducción, 76 masacres y 267 víctimas, la tendencia no logró consolidarse. En 2025, los casos volvieron a subir a 78, con 256 víctimas. Indepaz resumió este patrón como “menos víctimas por evento, pero una práctica que sigue plenamente vigente como mecanismo de control armado”.

Para González, una de las claves está en los vacíos de la implementación del Acuerdo de Paz. “El acuerdo preveía garantías de seguridad para los territorios y los primeros años pues no se dio esa garantía. No llegó la Fuerza Pública a los territorios que habían dejado las Farc y fueron copados por los otros grupos”, explicó. A eso se suma la presencia simultánea de varias estructuras ilegales disputándose el mismo espacio. “Hay zonas donde hay dos o tres grupos armados enfrentándose, y en medio de esos enfrentamientos queda la población civil”, concluyó.