Colombia se está quedando sin producción de carbón y el salario mínimo y los impuestos del Gobierno Petro agravan la situación

El sector del carbón en Colombia atraviesa una crisis profunda, marcada por una caída del 21,2% en el volumen de las exportaciones de carbón y una reducción del 31,8% en los ingresos proyectados para 2025, según la Federación Nacional De Productores de Carbón (Fenalcarbón). A estos retrocesos se suman nuevas cargas fiscales, el incremento del salario mínimo y nuevas medidas administrativas, elementos que amenazan miles de empleos mineros y debilitan la competitividad de la industria nacional.

De acuerdo con el gremio, el descenso en las exportaciones responde a una combinación de sobreoferta y acumulación de inventarios globales, así como a la caída en los precios internacionales del carbón y el coque (combustible sólido grisáceo, duro y poroso, rico en carbono, que se obtiene al calentar carbón o petróleo en ausencia de aire), que experimentaron un descenso superior al 20%.

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Sin embargo, el gremio enfatiza que las reformas tributarias y administrativas implementadas en los últimos tres años son las que más lastraron la economía del sector. Entre estas medidas figuran una sobretasa permanente del impuesto de renta del 10%, el cobro de un impuesto adicional del 1% sobre las ventas de carbón bajo la declaratoria de Emergencia Económica y el incremento del porcentaje de autorretención del 1,6% al 4,5%, lo que reduce de forma drástica la liquidez de las empresas mineras.

Dichas condiciones impactaron la producción, que retrocedió un 19% en los dos últimos años frente a ciclos previos, lo que se traduce en 10 millones de toneladas no extraídas. Según Fenalcarbón, la tendencia pone en entredicho la sostenibilidad de una industria que en 2023 generó 130.000 empleos directos y cerca de 650.000 a lo largo de toda la cadena de valor, en particular, en de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Cesar.

Generación de empleo en veremos

Con relación al empleo y la economía regional, se calcula la posible pérdida de más de 25.000 empleos directos y 100.000 puestos indirectos en toda la cadena entre 2023 y 2025, debido a la pérdida de competitividad motivada por costos y regulaciones. Además, el gremio advierte que luego del aumento del salario mínimo y otras medidas económicas, existe riesgo de perder hasta un 25% adicional de empleos, cerca de 150.000 puestos, lo que afecta a la pequeña y mediana minería.

Las estimaciones presentadas indican una reducción del 29% en los ingresos por regalías y contraprestaciones que iban a recibir municipios y departamentos productores para 2025.

Para el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, “el aumento de costos, muchos indexados al salario mínimo, junto con mayores costos logísticos de transporte y de operación, comprometen la viabilidad de cientos de empresas”. Resaltó el dirigente que “el carbón representa empleo, estabilidad y desarrollo para miles de familias” y destaca que “la caída de exportaciones es un golpe social y económico para las regiones productoras”.

Por otro lado, los costos operativos presentaron incrementos notables. Fenalcarbón identificó un alza considerable en los gastos logísticos, fenómeno que llaman “alza de costos logísticos”, como resultado de la reducción en los volúmenes de transporte de carga desde el interior hacia los puertos. Esto erosionó la competitividad del sector y generó presión sobre la sostenibilidad a largo plazo. La disminución de ingresos por regalías y la presión sobre las finanzas de municipios y departamentos multiplican los efectos adversos en los entornos regionales en los que la minería del carbón es una actividad central.

Acciones planificadas de las autoridades

El gremio minero señala que la coyuntura actual exige acciones planificadas de las autoridades. Cante insiste en la necesidad de “una transición planificada” que permita equilibrar la competitividad sectorial y la protección del empleo, advirtiendo sobre el riesgo de que la crisis agrave aún más la precarización social en las regiones mineras.

Remarcó el líder gremial que el sector enfrenta “una situación que amenaza la estabilidad laboral y económica de miles de hogares en Colombia”.

Con anterioridad, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su preocupación ante la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, por medio del cual el Gobierno nacional, con la Emergencia Económica, que ahora está suspendida de manera provisional, introdujo nuevas cargas fiscales sobre la industria.

Según el gremio, la decisión incrementa la presión tributaria y profundiza la incertidumbre regulatoria en un sector ya presionado por factores externos e internos.

Sobre esto, el presidente ejecutivo de la ACM, Juan Camilo Nariño, sostuvo que “es inadmisible que una Emergencia Económica sea usada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático”. Agregó que “este decreto, además, compromete la caja del próximo gobierno y agrava la vulnerabilidad fiscal que heredará la siguiente administración”.

Prohibición de deducir regalías

De acuerdo con la ACM, el Decreto 1474 revive normas como la prohibición de deducir las regalías, las cuales el máximo tribunal constitucional ya había declarado inconstitucionales. El gremio alerta que nuevos mecanismos de anticipos podrían resultar en esquemas orientados a recaudar recursos a corto plazo con fines políticos y, en caso de ser anulados por la justicia, dejar un déficit fiscal más profundo para el siguiente gobierno, además de comprometer la estabilidad económica futura del país.

La organización minera resalta la importancia de respetar las instituciones y la separación de poderes, por lo que reclamó que las nuevas normas tributarias y fiscales se ajusten al cauce constitucional y democrático sin vulnerar el Estado de Derecho ni debilitar la seguridad jurídica sectorial. Para la ACM, la crisis actual podría sentar precedentes perjudiciales para la administración de la industria extractiva y poner en entredicho la viabilidad fiscal de las regiones productoras en los próximos años.