
En el medio de un acuerdo controversial, Carlos Mattos, empresario previamente condenado por sobornos, se encuentra cerca de evitar un nuevo proceso penal porque estaría ofreciendo camionetas Hyundai al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación como parte de una negociación judicial.
Este principio de oportunidad, presentado discreta y formalmente ante una juez, responde a los cambios introducidos por la reforma a la justicia de 2025, que habilitan la reparación integral como causal para cerrar investigaciones penales. De ser aprobado, el pacto permitiría a Mattos y a los tres funcionarios cómplices eludir un juicio que podría acarrear penas de hasta seis años de cárcel, según reveló Caracol Radio.
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El detalle del acuerdo compromete a Mattos a entregar dos vehículos modelo 2025 y una motocicleta Adventure 250. La fiscal del caso, Aida Esperanza Moreno, expuso: “El señor Carlos José Mattos Barrero realiza la donación de un vehículo bajo el pedido del cliente y de reparación integral ambos con fecha del 11 de noviembre de 2025, los cuales serán puestos a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”.
La misma funcionaria defendió la legitimidad y utilidad de la propuesta, alegando ante la juez que “No solo es legítima, útil, necesaria y se presenta como razonable y vale decir como admisible y válida desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales y lo que es más importante aún, desde los fines que justifican la aplicación de este principio que no son otros que acceder al valor de la justicia y reparación integral como esencia constitucional penal”.

La fiscal Moreno también indicó que el valor de mercado de cada camioneta asciende a $182 millones mientras que la motocicleta supera los “25 millones, conformando así un paquete estimado en ”208.025.126 para el Inpec, conforme a la cifra expuesta en audiencia.
Los vehículos, ambos modelos Hyundai STARIA con motor 2.2 Turbo Diesel y ciento setenta y siete caballos de fuerza, fueron descritos ampliamente: sistemas de seguridad como dos Airbags, frenos de disco en ambas ruedas, ABS, alerta de colisión frontal, además de equipamiento exterior con puertas de apertura lateral y trasera, entre otras características técnicas detalladas por la funcionaria.
La propuesta judicial requeriría, además, que tanto Mattos como los tres dragoneantes implicados—Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero—ofrezcan disculpas públicas si la jueza confirma la validez del acuerdo.
Estos funcionarios, que escoltaban a Mattos durante sus salidas irregulares de la cárcel, aportaron como parte de su acuerdo una motocicleta Adventure 250.

Sobre sus atributos técnicos, la fiscal Moreno afirmó: “Equipada con un motor monocilíndrico, de 249 centímetros cúbicos, con tecnología de inyección electrónica Bosch (…) Esta configuración proporciona un equilibro entre eficiencia y capacidad de respuesta en diferentes tipos de terreno. El chasis es un bastidor de acero, ligero pero resistente, pero justo con la suspensión, ofrece un gran recorrido de terreno ideal para terrenos irregulares”.
La raíz de la investigación se encuentra en hechos de marzo de 2022, cuando medios nacionales revelaron que Carlos Mattos abandonaba la cárcel La Picota escoltado por agentes del Inpec, utilizando vehículos oficiales para acudir a reuniones personales, incluyendo encuentros con su abogado y familiares en el norte de Bogotá. Se documentó, al menos en cuatro ocasiones, la utilización de recursos estatales en beneficio personal, bajo el pretexto de citas médicas que en muchos casos no se cumplían.

Mientras la Fiscalía nunca presentó imputación contra Mattos por estos episodios, sí avanzó el proceso formal contra los tres funcionarios del Inpec.
La acusación contra ellos fue programada para el 8 de julio, abriéndoles camino a juicio, mientras que el empresario permanece indemne. Este ajuste de cuentas judicial podría concluir el 10 de febrero, fecha fijada para continuar la audiencia en la que la Fiscalía insistirá en la aprobación del acuerdo, según Caracol Radio.
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