
El hallazgo del cuerpo de una mascota con el pecho abierto y sin corazón en Tauramena, Casanare, generó una ola de indignación y rechazo por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de animales.
Una familia denunció ante las autoridades la muerte brutal de su perro, que fue apuñalado y mutilado mientras aún se encontraba con vida. Según los colectivos animalistas, el caso fue reportado a las autoridades competentes, pero la respuesta inicial habría sido insuficiente, lo que motivó que la denuncia escalara a instancias nacionales.
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El hecho se suma a una serie de denuncias previas sobre maltrato animal en la región. De acuerdo con información recogida por la Veeduría Animalista de Tauramena y el Colectivo Animalista de Casanare, la situación no constituye un episodio aislado.

Ambas organizaciones señalaron que la violencia contra animales domésticos y de granja, incluyendo envenenamientos y actos de crueldad, se repite en el municipio y sus zonas rurales.
Las denuncias y la reacción de las autoridades
La familia afectada reportó el hallazgo del animal sin vida y con signos de extrema violencia. El cuerpo del perro presentaba una herida profunda por arma blanca en el pecho y la extracción forzada de órganos internos.
Según el relato de los colectivos animalistas, la denuncia no fue recibida de manera inmediata por las autoridades locales, lo que obligó a los afectados a buscar respaldo en instancias nacionales. Solo después de la presión ejercida por la comunidad y organizaciones defensoras de animales, el caso fue asumido por los entes competentes.

Los voceros del Colectivo Animalista de Casanare y la Veeduría Animalista de Tauramena criticaron la falta de acción de las entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional, la Alcaldía de Tauramena, la Junta Defensora de Animales, la Personería, la Inspección de Policía y la Fiscalía.
En palabras de los activistas al medio local El Nuevo Oriente: “Lo lamentable de los casos de maltrato animal en este municipio es que las autoridades hacen ‘la vista ciega’ ante las denuncias”. Añadieron que, como primeros respondientes en la lucha contra el maltrato, las entidades oficiales realizan “muy poco o nada por hacer cumplir las leyes”.
Contexto de reiteración y manifestaciones convocadas
El caso más reciente reactivó las quejas sobre una problemática que, según los colectivos, afecta tanto al casco urbano como a zonas rurales de Tauramena. Las organizaciones animalistas afirmaron: “Rechazamos los hechos de violencia, asesinatos a sangre fría, envenenamientos y tenencia irresponsable de animales de compañía y de producción que se presentan en el municipio”. Los registros de estas entidades dan cuenta de múltiples denuncias en los últimos meses, lo que llevó a la ciudadanía a exigir medidas concretas.

En respuesta a la situación, los colectivos convocaron a una movilización pacífica en los próximos días. El objetivo es demandar a las autoridades locales y departamentales la ejecución de acciones reales, investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares para quienes incurran en el maltrato animal. La marcha buscará visibilizar el descontento de la comunidad y presionar por el cumplimiento de las leyes vigentes sobre protección animal.
Indignación en Aguazul por hombre que obligó a un caballo a tomar alcohol
Otro hecho de maltrato animal que causó rechazó en el departamento de Casanare, tiene que ver con un video difundido en redes sociales en el que un hombre identificado como César Chaparro aparece forzando a un caballo a ingerir bebidas alcohólicas de manera reiterada, lo que desató una fuerte indignación entre residentes y defensores de animales.
Grupos animalistas advirtieron sobre el riesgo grave que implica este tipo de acciones para la salud y bienestar animal, señalando que el maltrato animal constituye un delito sancionado por ley en Colombia.
Las imágenes muestran al hombre consumiendo licor junto al equino y después obligándolo a beber, hechos que ciudadanos del municipio calificaron como “irresponsables”, “crueles” y “una grave agresión contra un ser indefenso”.
La presión de la comunidad se mantiene, con continuos llamados a la Policía, la Fiscalía y entidades ambientales para iniciar investigaciones, imponer sanciones ejemplares y prevenir nuevos casos en la zona. De momento, las autoridades no han confirmado si existe un proceso formal abierto contra el sujeto implicado.
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