María Fernanda Carrascal demandó decreto que subió la tarifa del SITP a $3.550 por “falta de sustento técnico”

Una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar fue radicada ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá contra el decreto distrital que incrementó la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, hasta los $3.550. La acción fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, y el concejal José Cuesta Novoa, quienes cuestionan la legalidad del acto administrativo.

El recurso judicial sostiene que el aumento tarifario afecta de manera directa a los usuarios, en especial a los sectores con menores ingresos que dependen del transporte público para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, centros educativos y otros servicios.

Según los demandantes, la medida introduce una carga económica adicional sin que se haya explicado de forma suficiente su necesidad y proporcionalidad.

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De acuerdo con lo expuesto en el documento, el decreto fue expedido el 13 de enero de 2026 y, a juicio de los accionantes, carece de un sustento técnico y social adecuado. En ese sentido, se plantea que la administración distrital no aportó estudios detallados que permitan verificar cómo se llegó al valor final del pasaje fijado para el sistema.

La demanda reconoce que el Distrito hizo referencia a variables como la inflación, el incremento del salario mínimo y los costos operativos del SITP. Sin embargo, señala que no existe una explicación clara, verificable y proporcional que muestre de qué manera esos factores fueron ponderados para definir el nuevo precio del pasaje que deben pagar los usuarios del sistema.

El escrito judicial también advierte que no se presentaron estudios públicos completos, ni se garantizó un nivel suficiente de transparencia en el proceso de adopción del decreto. Según los demandantes, la ausencia de información detallada impide que la ciudadanía y los órganos de control evalúen la razonabilidad del aumento tarifario.

En la argumentación presentada ante el juzgado, se indica que el transporte público es un servicio esencial, pues permite el ejercicio de derechos como el acceso al trabajo, la educación y la salud. En ese contexto, el incremento del pasaje tendría implicaciones económicas relevantes para miles de usuarios que utilizan diariamente el SITP en Bogotá.

La acción judicial también plantea que el Distrito no habría evaluado alternativas menos gravosas antes de adoptar el aumento tarifario. Entre las opciones que, según los demandantes, debieron ser analizadas se encuentran el uso del Fondo de Estabilización Tarifaria, la optimización de la eficiencia operativa del sistema y una focalización más precisa de los subsidios existentes.

Para Carrascal y Cuesta Novoa, el ajuste del pasaje fue la medida más inmediata adoptada por la administración, pero no necesariamente la única disponible dentro del marco institucional y financiero del sistema de transporte. En el documento se sostiene que la falta de análisis de estas alternativas compromete la proporcionalidad de la decisión.

En el contexto político, la representante María Fernanda Carrascal se ha pronunciado previamente sobre decisiones relacionadas con la política tarifaria y salarial. En un mensaje divulgado tras otro decreto, señaló: “No es venganza...”, expresión que fue citada en medio del debate público sobre distintas medidas adoptadas por el Distrito y el Gobierno nacional.

La demanda busca que el juez administrativo evalúe la legalidad del decreto y determine si procede la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve de fondo la solicitud de nulidad. Para los accionantes, la revisión judicial es necesaria debido al impacto económico inmediato que el aumento del pasaje genera sobre la población usuaria del SITP.

El caso se suma a otros debates recientes sobre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte en Bogotá y el equilibrio entre las necesidades presupuestales del Distrito y la capacidad de pago de los ciudadanos. En ese marco, el proceso judicial permitirá examinar los criterios técnicos, sociales y jurídicos que respaldaron el incremento tarifario.