Tres personas fueron judicializadas por tráfico de clorato de potasio desde Ecuador hacia distintas regiones de Colombia, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Los procesados, identificados como Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez, habrían integrado una red dedicada a introducir de manera ilícita este químico, insumo clave para la fabricación de explosivos.
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“El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a tres de sus presuntos integrantes; se trata de Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez”, precisó la Fiscalía.
El ente acusador señaló que Prado Rosero y Marcial Maya supuestamente facilitaron el ingreso irregular de clorato de potasio entre 2024 y 2025.
Según la Fiscalía, el material era transportado oculto en abono agrícola mediante camiones y empresas de encomiendas, con el objetivo de evadir los controles.
“De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2025 Prado Rosero y Marcial Maya habrían facilitado el ingreso irregular de este material para su posterior distribución en diferentes regiones del país. La sustancia era camuflada en cargamentos de abono para cultivos agrícolas que se transportaban en camiones y en envíos de transportadoras”, señaló el ente acusador.
Wilson Antonio Usamak Vásquez, empleado de una empresa de envíos, coordinó la logística de la operación. De acuerdo con la investigación, Usamak Vásquez gestionó y verificó al menos veinte despachos de clorato de potasio, contribuyendo a mantener la distribución del insumo.
Las autoridades establecieron que la red ocultaba la sustancia química en cargamentos de abono para cultivos y la trasladaba utilizando camiones y transportadoras.
Según la Fiscalía, este método permitía que el clorato de potasio llegara a diferentes zonas del país y aseguraba la continuidad de la cadena de suministro para la fabricación de explosivos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres procesados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos. La imputación fue formalizada por la Fiscalía General de la Nación.
“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos”, precisó la Fiscalía.
Durante las audiencias preliminares, los acusados no aceptaron el cargo y deberán permanecer bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario. Esta determinación busca garantizar el desarrollo de la investigación y proteger la seguridad pública.
La Fiscalía General de la Nación ha identificado y judicializado a veintinueve presuntos integrantes de la red y logró la incautación de más de siete toneladas de material explosivo en Colombia, lo que representa un avance en la lucha contra el tráfico de químicos destinados a la fabricación de explosivos.
Otras judicializaciones
Once personas fueron procesadas en Bogotá por su presunta vinculación con una red criminal que habría ejecutado una serie de ataques violentos en la ciudad. Las investigaciones señalan que este grupo estaría detrás de al menos doce acciones que afectaron tanto a la población civil como a la fuerza pública y la infraestructura urbana.
La Fiscalía General de la Nación informó que los señalados permanecerán en prisión preventiva, medida dictada por un juez de control de garantías mientras continúa el proceso judicial. Esta decisión se tomó con base en la gravedad de los hechos y el riesgo que representan para la sociedad.
Entre los casos más recientes atribuidos a la organización figura el ocurrido el 11 de septiembre de 2025, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, conocido como “Garu”, resultó herido al manipular materiales explosivos. Las autoridades consideran este evento como un indicio de la peligrosidad de la red.
Las indagaciones también relacionan al grupo con el ataque a una patrulla policial el 15 de marzo de 2024, que dejó un uniformado herido, la quema de una motocicleta en una universidad el 21 de marzo y la destrucción de un bus del sistema de transporte público con pasajeros el 25 de abril. Las pesquisas siguen abiertas para determinar el alcance total de sus acciones.
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