
En medio de la acalorada contienda electoral que se avecina, especialmente entre los candidatos que buscan consolidarse como la mejor opción para ser el siguiente presidente de la República, miles de colombianos aún no tienen claro de dónde sale el dinero para pagar gran parte, o toda, la campaña de cada uno de los aspirantes.
Aunque siempre se habla de donaciones y de préstamos por parte de los políticos, también existe una figura que, aunque poco clara, resulta ser uno de los principales mecanismos para sortear las millonarias sumas de campaña.
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El sistema de reposición de gastos por votos válidos se ha consolidado como una de las principales herramientas de financiación estatal para las campañas políticas en Colombia. Este mecanismo está diseñado para que los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que participan en las elecciones puedan recuperar parte del dinero invertido, siempre y cuando alcancen ciertos umbrales de votación.
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Colombia se prepara para dos citas electorales clave en 2026: la renovación del Congreso de la República y la elección presidencial. Mientras los ciudadanos eligen a los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado, la Nación define también quién ocupará la jefatura del Estado durante el siguiente cuatrienio.

La ley estatutaria 1475 de 2011 regula el funcionamiento de este modelo de reposición. Según la norma, el Estado “contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos”. Además, los partidos tienen la posibilidad de solicitar anticipos, bajo las condiciones que determine el Consejo Nacional Electoral.
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Para acceder a estos recursos, no basta con participar: es obligatorio alcanzar un porcentaje mínimo de sufragios. En el caso de las alcaldías y gobernaciones, el umbral está fijado en el 4% de los votos válidos. Para las presidenciales, la exigencia baja al 3% del total de los votos válidos. Solo quienes cumplan con ese requisito pueden presentar la solicitud de reposición.
El valor de la reposición por voto válido se actualiza para cada proceso electoral. En el más reciente comunicado, el Consejo Nacional Electoral informó que el pago para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 será de 8.287 pesos por cada voto. Esta cifra representa la pauta para calcular los recursos estatales que recibirán los aspirantes.
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“El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa a la opinión pública, a los partidos y movimientos políticos, a los organismos de observación electoral y a los medios de comunicación, los criterios técnicos, legales y objetivos que sustentan el valor de la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, fijado en $8.287″, señaló la entidad en un comunicado.
Una comparación con procesos anteriores permite dimensionar la magnitud de estos desembolsos. Si, por ejemplo, un candidato obtiene una votación similar a la del entonces candidato Gustavo Petro en 2022 —más de 11 millones 291.000 sufragios en la segunda vuelta—, la reposición estatal ascendería a más de 93.576 millones de pesos.
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Aunque solo un aspirante será elegido presidente, todos los que alcancen el umbral mínimo serán beneficiarios de este apoyo económico. De esta manera, el sistema busca garantizar cierto equilibrio en la competencia política y promover la transparencia en el uso de los recursos durante las campañas.

Asimismo, la reposición de votos también aplicará para los aspirantes que participarán de las consultas interpartidistas en marzo de 2026. Aunque ellos deberán aceptar la decisión de la ciudadanía, y hacerse a un costado para permitir que solo un candidato llegue a las elecciones de mayo, en caso de que superen el umbral dispuesto por el CNE también podrán sacar ‘tajada’ del mecanismo dispuesto por el Estado para las elecciones.
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“En lo que respecta a las consultas de candidatos a la presidencia de la república del año 2026 se reguló de manera especial los topes y la reposición de votos de la campaña en la Resolución No 12111 de 2025, que tiene como antecedente la Resolución No. 1678 de 2021, que, al ser actualizado con el IPC certificado por el DANE de los años 2022, 2023 y 2024 como dispone la ley, el tope de gasto quedó en $ 18.555.251.477 y la reposición del voto en $8.287″, señaló el CNE.
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