“Saquen la violencia de la política”: Comité advierte riesgos humanitarios y llama a blindar la paz en próximos gobiernos

Mientras Colombia cerró 2025 con el nivel más alto de crisis humanitaria registrado en las últimas dos décadas, los territorios más afectados por el conflicto armado muestran avances parciales en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo, presentado este 30 de enero en Bogotá, según Blu Radio.

El documento advierte que durante 2025 se registró la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años, junto con más de un millón de personas confinadas por acciones de grupos armados, una situación que triplicó los registros del año inmediatamente anterior y que puso en tensión la capacidad institucional de respuesta en varios territorios.

De acuerdo con el Comité, esta situación se presenta de manera simultánea con avances en la implementación de políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en regiones priorizadas por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se han desarrollado proyectos productivos, acceso a tierras y programas sociales.

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Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, uno de los factores que explica la persistencia de la crisis es el traslape entre los territorios PDET y las zonas donde ha aumentado la presencia de actores armados, una coincidencia territorial que incrementa los riesgos humanitarios y limita el ejercicio efectivo de derechos por parte de las comunidades.

“En los territorios PDT traslapan justamente su gran mayoría con los territorios donde ha aumentado la presencia de actores armados, como el Pacífico Colombiano, como el Cauca, como la Costa Pacífica Nariñense, de manera específica, como el Caribe, algunas zonas del Caribe”, afirmó Cogollo durante la presentación del informe.

Según explicó, este escenario ha llevado al Gobierno nacional a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas, como un mecanismo para reducir el impacto humanitario, aunque el Comité señala que la continuidad de la violencia sigue siendo un obstáculo estructural para la no repetición del conflicto.

Entre los resultados destacados, el informe señala una reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 el indicador se ubicó en 24,4 %. El Comité también resaltó el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres y programas de acceso a tierras en regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar.

No obstante, el documento advierte que estas mismas regiones concentran altos niveles de riesgo debido a la presencia de grupos armados, lo que genera una tensión constante entre los avances sociales y las dinámicas de violencia que persisten en el territorio.

En el contexto del próximo ciclo electoral, el Comité señaló que la política PDET cuenta con un blindaje institucional tras su ampliación hasta 2034, aunque alertó sobre riesgos si en la actualización de los planes de acción territorial no se incorporan las 220 recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad.

“Nosotros creeríamos que sería un gran vacío porque la política de paz toda debe articularse, y las recomendaciones hacen parte de la política de paz y los PDT hacen parte de la política de paz que están contenidas en el acuerdo del 2016”, sostuvo Cogollo, al referirse a la necesidad de coherencia entre las distintas estrategias estatales.

Durante el evento, la presidenta del Comité envió un mensaje dirigido a los candidatos presidenciales y a los próximos gobiernos, en el que pidió desescalar los discursos violentos en el debate público y garantizar la continuidad de las políticas de paz en los programas de gobierno.

“El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, expresó.

El informe concluye que el mayor riesgo para la no repetición del conflicto armado en Colombia sigue siendo la combinación entre violencia armada y crisis humanitaria, junto con el desbalance entre la presencia de actores armados y la implementación efectiva de políticas públicas que permitan garantizar derechos.

“El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, señaló Cogollo.