Cuatro concejales de Bogotá esperan fallo clave sobre posible pérdida de investidura

La incertidumbre jurídica rodea al Concejo de Bogotá, mientras persiste en enero de 2026 el trámite de las demandas de pérdida de investidura contra el presidente del órgano y otros tres cabildantes.

El proceso, que se extiende desde el año anterior, mantiene en vilo la composición de la corporación y pone en el centro del debate la necesidad de una respuesta pronta y clara por parte de la justicia administrativa. La posible salida de cuatro concejales capitalinos podría alterar el equilibrio político local y sentar un precedente sobre la interpretación de los conflictos de intereses en la administración pública.

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El caso actualmente tramita ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia que estudia la demanda de pérdida de investidura. Diversas fuentes del entorno jurídico han señalado la urgencia de una decisión definitiva, ya que la indefinición afecta la estabilidad institucional de la capital.

Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo, subrayó la importancia de una resolución expedita: “Es importante que el Consejo de Estado resuelva la demanda de pérdida de investidura, que está en estudio en la Sección Quinta. Y que lo haga con prontitud de tal sentido que dé seguridad jurídica a las partes y atienda al principio de economía procesal”, expresó el jurista.

La demanda se fundamenta en la presunta existencia de un conflicto de intereses que habría obligado al presidente del Concejo, Samir Abisambra, así como a otros miembros, a declararse impedidos en decisiones clave. El foco principal está puesto en el concejal Juan Javier Quintero, cuya actuación es objeto de especial escrutinio por parte de la corporación judicial. Según ha trascendido, la controversia gira en torno a la eventual omisión del deber de declararse impedido, lo que podría configurar la causal de pérdida de investidura.

“Para el caso en concreto, es importante que la alta corte defina con claridad, si existió el supuesto conflicto de intereses que hubiera llevado a tener que declararse impedido al concejal Quintero. Está siendo el real problema jurídico”, puntualizó Montenegro. El especialista recordó que la decisión que adopte la alta corte tendrá impacto directo no solo en la conformación actual del órgano legislativo local, sino en la interpretación futura de responsabilidades éticas de los servidores públicos.

La pérdida de investidura representa una de las sanciones más severas para los miembros de corporaciones públicas en Colombia. Consiste en la destitución inmediata y la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, medida que busca preservar la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público. Montenegro explicó que “la pérdida de investidura debe atender al precedente judicial que se ha venido decantando en la respectiva sección del Consejo de Estado. Existen casos similares que han venido marcando la línea de precedente de la Alta Corte”. Para el abogado, el respeto a la jurisprudencia previa resulta esencial para garantizar la igualdad ante la ley y evitar decisiones contradictorias que generen inseguridad jurídica.

El desarrollo del proceso ha sido seguido de cerca por diversos sectores políticos y sociales de Bogotá, ante el posible reacomodo de fuerzas en el Concejo. La falta de definición sobre el futuro de los cuatro cabildantes ha originado múltiples interpretaciones y expectativas en torno a la solidez de las pruebas presentadas y al rigor con que la Sección Quinta del Consejo de Estado adopte su determinación.

Mientras se espera la decisión judicial, los demandados continúan ejerciendo sus funciones, en medio de un clima de expectativa. La resolución de este caso podría convertirse en referencia obligada para procesos similares en otras capitales del país, donde la aplicación estricta de los principios de conflicto de intereses y transparencia pública se encuentra bajo observación. El pronunciamiento de la alta corte definirá no solo la suerte de los concejales involucrados, sino los alcances del control judicial sobre la ética en la función pública.