Asesino de Marcelo Pecci aseguró que conoce a los autores intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo: “A mí me llega ese trabajo por orden de los jefes”

Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien confesó haber liderado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Barú, cerca de Cartagena en Colombia, aseguró que conoce plenamente quiénes ordenaron el crimen. Aemás, afirmó que una poderosa organización criminal transnacional está detrás del homicidio.

Según su testimonio en una entrevista a Caracol Radio, la verdad no ha salido a la luz por falta de voluntad institucional y por los riesgos que implica revelar los nombres de los responsables.

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Durante la conversación, Pérez Hoyos sostuvo que el asesinato de Pecci fue ordenado por una estructura criminal con presencia internacional y recursos económicos prácticamente ilimitados.

“Es una organización por fuera del país muy poderosa, que tiene el poder para hacer lo que quieren, asesinar o cualquier otra cosa”, afirmó, aunque evitó entregar nombres o detalles específicos sobre sus integrantes.

El confeso autor del crimen señaló que su participación en el crimen se dio por órdenes directas de sus superiores dentro de esa organización, de la cual hacía parte desde hacía varios años. “A mí me llega ese trabajo por orden de los jefes”, explicó, insistiendo en que actuó desde una posición de subordinación.

Reconoció, además, que su motivación estuvo marcada por la ambición personal: “Lo hice con un corazón lleno de codicia para escalar en la organización sin mirar las consecuencias”.

En uno de los momentos más sensibles de la entrevista, Pérez Hoyos expresó arrepentimiento y pidió perdón a la familia del fiscal asesinado. “Quiero aprovechar este espacio para, de todo corazón, pedirles perdón”, dijo, refiriéndose al daño causado a los familiares de Pecci, en especial a su madre y hermanos.

Pérez Hoyos también denunció que intentó colaborar con la justicia desde el inicio, pero que sus aportes fueron rechazados.

En ese contexto, señaló directamente al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien acusó de impedir que su información fuera escuchada. “Me manifestó muchas veces que no le interesaba esa información”, aseguró.

Según su versión, este bloqueo ha impedido que se identifique a los autores intelectuales del crimen. Además, afirmó que su vida corre peligro debido a represalias de la organización criminal, la cual —según dijo— habría pagado cerca de tres millones de dólares para asesinarlo a él y a otros implicados desde el año pasado.

El testimonio incluyó graves denuncias sobre presuntas irregularidades judiciales que, según él, también habrían afectado a su familia. Aseguró que su esposa fue procesada injustamente y que la defensa descubrió recientemente la supuesta ocultación de pruebas que habrían demostrado su inocencia.

Sobre posibles vínculos con reconocidos criminales de Medellín, Pérez Hoyos negó conocerlos directamente, aunque admitió que en el mundo del crimen los alias dificultan la identificación real de las personas.

Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación y afirmó que solo un marco jurídico adecuado permitiría revelar la verdad completa. “Sí, yo sé quiénes son los autores intelectuales”, concluyó, insistiendo en que la justicia colombiana tiene la llave para esclarecer uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.

A este panorama se suma una nueva acción judicial emprendida por la familia del fiscal paraguayo. Los familiares de Marcelo Daniel Pecci Albertini interpusieron una demanda de reparación directa en la que reclaman una indemnización superior a 2.000 millones de pesos contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Colombia y la cadena Hoteles Decameron, al considerar que el homicidio fue posible por fallas graves en seguridad y prevención.

Según la demanda, la Policía Nacional solo actuó después de que el crimen ya se había consumado, pese a que —de acuerdo con el documento— el plan para asesinar a Pecci se habría activado desde el 2 de mayo de 2022, ocho días antes del ataque ocurrido el 10 de mayo, cuando el fiscal se encontraba de luna de miel en las playas de Barú, en Cartagena. Para la familia, esta reacción tardía constituye una omisión determinante.

El escrito judicial sostiene que tanto el Estado colombiano como la cadena hotelera deben responder por los daños causados. “Se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado”, señala la demanda citada por el juzgado.

Además, los demandantes afirman que varios de los implicados en el crimen ya contaban con sentencias condenatorias vigentes, lo que, a su juicio, evidencia una falla estructural en la acción estatal para neutralizar la amenaza.

En el caso de Hoteles Decameron, la familia Pecci atribuye una presunta filtración de información sobre la ubicación del fiscal, lo que habría facilitado la ejecución del asesinato.