El debate por la declaratoria de emergencia económica volvió a subir de tono en el Congreso luego de que el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cuestionara con dureza la exposición que hicieron los ministros del Gobierno de Gustavo Petro durante su intervención en el Senado.
Para el congresista, las explicaciones entregadas por el Ejecutivo no respondieron a lo que el Legislativo esperaba conocer, las razones de fondo que llevaron al Gobierno a acudir a una medida excepcional. Tras escuchar a los funcionarios, Motoa aseguró que las respuestas no fueron suficientes ni claras para justificar la decisión presidencial.
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“No encuentro satisfactorias las respuestas, no se dieron argumentos de fondo, que era lo que estábamos buscando de por qué se decretó la emergencia económica”, afirmó el senador, al insistir en que el debate no resolvió las dudas jurídicas y políticas alrededor del decreto.
En ese contexto, Motoa pidió que se active de manera estricta el procedimiento previsto en la normativa que regula este tipo de situaciones. “Por lo tanto solicito que continúe lo que establece la ley orgánica, la ley quinta del Congreso para estos casos”, señaló, dejando claro que, a su juicio, el trámite debe seguir su curso sin atajos ni interpretaciones extensivas por parte del Ejecutivo.
Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue el llamado directo a la Corte Constitucional. El senador consideró urgente que el alto tribunal se pronuncie para despejar el futuro del decreto y evitar, según dijo, que se repita un escenario de choque entre poderes. “La Corte debe pronunciarse prontamente y ojalá evite que nuevamente el Congreso de la República sea asaltado por parte del Gobierno nacional”, expresó.
Motoa fue más allá al advertir que, en su criterio, el decreto de emergencia económica podría convertirse en un mecanismo para limitar el rol del Legislativo. “Como lo pretenden hacer con este decreto de emergencia económica”.
Las declaraciones del senador se suman a las críticas que distintos sectores políticos formularon en los últimos días frente a la decisión del presidente Petro, en especial por la forma en que se sustentó la emergencia y por los alcances que podría tener en materia económica y fiscal.
Petro justifica la emergencia económica
El presidente Gustavo Petro volvió a justificar la declaratoria de emergencia económica y rechazó los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, al asegurar que la medida responde a la obligación de que los más ricos del país paguen más impuestos para devolver recursos que, según dijo, pertenecen al pueblo.
Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la emergencia se decreta ante el riesgo financiero que enfrenta el Estado si no se incrementa el recaudo entre los sectores de mayores ingresos. “Por lo cual, se decreta la emergencia. Es que nos van a quebrar. Si los ricos no pagan más impuesto. Que ordena la Constitución”, afirmó.
Petro cuestionó de manera directa las críticas que señalan que el decreto sería inconstitucional y atribuyó esos señalamientos a presiones de los sectores económicos más poderosos. “Entonces, ¿de dónde sale que es inconstitucional el decreto de emergencia? ¿De dónde? Si no es de la presión de los más ricos de Colombia”, dijo.
En su discurso, el jefe de Estado fue más allá y acusó a esos sectores de negarse a aportar recursos por intereses económicos y animadversión política. “Que les cuesta por codicia y odio. Sacar cinco centavos del bolsillo. Y devolverlos”, expresó. El presidente insistió en que no se trata de una expropiación ni de un nuevo despojo, sino de una devolución de recursos públicos. “No es que se los sacamos, es que tienen que devolverlos al pueblo”, señaló.
Petro también hizo referencia al manejo de recursos públicos durante el gobierno anterior para respaldar su argumento. “Porque en el gobierno de Duque hubo billones, billones de dinero. Público”, afirmó. La defensa del mandatario se produce en medio del debate político y jurídico que generó la declaratoria de emergencia económica, mientras distintos sectores analizan sus alcances y eventuales demandas ante las altas cortes.
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