El fiscal Álvaro León Polo, de la Fiscalía General de Colombia, enfrenta un proceso penal por presunto abuso de autoridad.
Se le señala de ejercer presiones a testigos privados de libertad, como Jacinto Alberto Soto (“Lucas”), a quienes habría ofrecido beneficios para obtener declaraciones incriminatorias contra el expresidente Álvaro Uribe y empresarios vinculados al paramilitarismo.
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Las investigaciones, que abarcan desde 2017 hasta 2024, han generado una fuerte controversia institucional, especialmente después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo suspendiera la imputación a Polo tras una resolución administrativa.
El proceso penal contra Polo se fundamenta en denuncias que involucran a “Lucas”, quien lo acusa de insistir reiteradamente en que declarara contra Uribe y empresarios relacionados con el paramilitarismo en Antioquia.
Estas denuncias y los testimonios asociados fueron incluidos en expedientes judiciales tras una investigación de más de dos años, centrada en presuntos abusos cometidos durante la etapa de juicio preparatorio.
Tanto los documentos como las declaraciones consignadas apuntan a que la Fiscalía programó la imputación de Polo por el delito de abuso de autoridad, tras identificar elementos que sugerían una intervención indebida del funcionario.
Las denuncias y testimonios de Jacinto Alberto Soto juegan un papel central. Soto, procesado por vínculos con el paramilitarismo, relató que el 21 de julio de 2021, durante una indagatoria en la sede central de la Fiscalía, Polo le insinuó la opción de ser trasladado a otro centro penitenciario y le habló de posibles beneficios judiciales si colaboraba con la acusación contra el expresidente.
La defensa de Soto consignó: “En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa”.
El expediente recoge también que, tras negarse a las exigencias del fiscal, Soto fue trasladado a la cárcel La Picota. Además, figura la versión de una conversación ocurrida en 2017 entre Polo y el paramilitar alias Monoleche, en la que el fiscal expresó su deseo de ver a Soto encarcelado.
Al consolidarse estas pruebas, la fiscal encargada del caso avanzó en la imputación formal a Polo.
Según el documento de la Fiscalía, Polo fue citado a audiencia en tres ocasiones; la última audiencia fue suspendida tras la emisión de una resolución por Luz Adriana Camargo, fiscal general, quien ordenó retirar el proceso a la fiscal actuante y detener la imputación.
Camargo justificó la reasignación en la existencia de “numerosas” investigaciones disciplinarias contra la funcionaria que dirigía la investigación, además de la duplicidad de expedientes sobre los mismos hechos.
Esta situación, advirtió la fiscal general, propicia riesgos de dispersión y la posibilidad de decisiones contradictorias al interior de la Fiscalía.
Al conocerse la resolución, la fiscal retirada envió un comunicado a la dirección de la Fiscalía. En él, denunció “falsas motivaciones” y negó la existencia de numerosas investigaciones disciplinarias en su contra, presentando una certificación expedida por la Comisión de Disciplina Judicial que acredita la ausencia de sanciones.
El proceso quedó así paralizado, interrumpiendo la imputación y reforzando críticas sobre la gestión institucional y los estándares de transparencia en la Fiscalía.
Documentos de la Fiscalía han destacado que este tipo de reasignaciones ha traído confusión en el pasado, como en el proceso contra el director de la Unidad Nacional de Protección.
Los documentos de la Fiscalía revelan que al menos dos despachos adelantaban investigaciones criminales simultáneas por los mismos hechos contra Polo, una situación definida como “duplicidad investigativa”.
Para evitar la dispersión de recursos y decisiones enfrentadas, la Fiscalía reasignó el caso al despacho del fiscal coordinador Óscar José Celedón Ruiz, justificando esta medida como garantía de imparcialidad y eficiencia en procesos de complejidad elevada.
Además, se subraya que el manejo de casos de esta magnitud requiere concentración y atención prioritaria, dada la coincidencia de expedientes y la repercusión de los hechos.
Este proceso ha encendido el debate sobre la integridad del sistema judicial en Colombia y la posible influencia de factores políticos en investigaciones de alto perfil. Las denuncias de presiones a testigos y las disputas sobre los procedimientos disciplinarios han dado pie a cuestionamientos sobre la transparencia de la Fiscalía.
La defensa de Álvaro Uribe, según El Nacional, solicitó que el expresidente sea reconocido formalmente como víctima en el proceso, lo que marca la sensibilidad y el alcance del caso. La reputación institucional y la percepción pública sobre la justicia se ven comprometidas por la participación de figuras políticas y funcionarios sujetos a investigación en simultáneo.
La Fiscalía sostiene que la complejidad de estos asuntos requiere máxima concentración de esfuerzos, debido a la duplicidad de investigaciones y la magnitud de los hechos examinados.
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